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El desafío catalán entra en una fase de conflicto abierto

Rajoy dispuso una intervención de las cuentas públicas ante nuevos avances del plan

Lunes 24 de julio de 2017
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MADRID.- Se agotó el tiempo de negociar. El plan secesionista del gobierno de Cataluña, que contempla celebrar el 1° de octubre un referéndum sobre la independencia, entró en la fase de conflicto abierto y empuja a España a la que puede ser su peor crisis institucional en 40 años de democracia.

Decidido a frenar el desafío, el presidente Mariano Rajoy dispuso una virtual intervención de las cuentas de la Generalitat catalana, una medida extrema sin precedente: si detecta que un solo euro se destina a organizar la consulta separatista, cancelará de inmediato las transferencias de fondos estatales, de los que depende la región para pagar sueldos y prestar servicios públicos esenciales.

"Vuelven a pedir certificados de buena conducta, como en la época de Franco", reaccionó el presidente catalán, Carles Puigdemont. Pero insistió en que nada lo hará desistir.

Ya lo había advertido la semana anterior, cuando anunció una purga en su gabinete para quitar a los ministros que tenían dudas de acelerar hacia un choque frontal con el gobierno español. Colocó en su lugar a independentistas viscerales, dispuestos a asumir las consecuencias legales y económicas de una rebelión.

El Tribunal Constitucional (TC) de España sentenció que la convocatoria del referéndum es ilegal y ordenó a las autoridades catalanas que detuvieran todos los preparativos. Quien incumpla se expone a penas de cárcel, inhabilitaciones y sanciones económicas graves, como responder con su patrimonio personal por el dinero público que fuera gastado en la consulta.

"No tenemos miedo a la cárcel, y si hay que hacer una colecta para pagar las multas entre todos los que queremos votar, ¿cuánto sería? ¿Dos euros por cabeza? ¿No podemos juntar dos euros por cabeza?", desafió Oriol Junqueras, vicepresidente de Cataluña y líder de Esquerra Republicana, partido clave del bloque secesionista.

La jugada de Rajoy suma una complicación mayúscula al tándem Puigdemont-Junqueras. Si cortara el envío de partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), Cataluña se expondría al peligro del desfinanciamiento. Este año le corresponden transferencias por 3600 millones de euros.

"Es una medida preventiva para evitar que ni un euro de dinero público se use en actividades ilegales en lugar de servir a los ciudadanos", explicó el vocero del gobierno nacional, Íñigo Méndez de Vigo. Los funcionarios catalanes tendrán que enviar un informe semanal con el detalle de cada pago efectuado, según establece la resolución publicada ayer.

Puigdemont puso el grito en el cielo. Denuncia que lo están amenazando con quitarle el dinero que el Estado recauda de los impuestos que pagan los propios catalanes (es la comunidad autónoma más rica de España).

"Los intereses que hemos pagado para nos presten nuestro propio dinero, que recaudan generosamente, ¿nos los puede devolver, ministro?", escribió en Twitter.

La gran incógnita que se abre es hasta dónde escalará el conflicto en los 70 días que faltan para la fecha del hipotético referéndum. Se prevé que el TC emita sentencias severas cuando los independentistas voten la ley bajo la cual será convocada la consulta.

Pero Puigdemont ya advirtió que no obedecerá a ninguna autoridad que contradiga la voluntad del Parlamento catalán. ¿Cómo obligarlo a ceder?

Botón nuclear

A Rajoy le queda el "botón nuclear", que sería aplicar el artículo 155 de la Constitución, que lo faculta a tomar el control de la administración catalana. Una virtual suspensión de la autonomía, cuyas consecuencias son impredecibles. Entre otras cosas, porque podría requerir el uso de la fuerza.

Puigdemont y sus aliados creen que, después de cinco años de fuerte movilización separatista, ya no pueden frenar. Es ahora o nunca, dicen.

El riesgo de esperar es que se desinfle el fervor por la independencia en una sociedad donde existe una clara división sobre cómo resolver esta crisis, pese al dominio que ejercen los nacionalistas en el debate público.

Una encuesta del Centro de Estudios de Opinión, dependiente de la Generalitat, reveló el viernes que hay más catalanes en contra de la independencia (49,4%) que a favor (41,1%). La brecha se amplió cuatro puntos desde marzo, fecha del anterior sondeo.

Un 48% apoya celebrar un plebiscito unilateral, aunque España lo considere ilegal. Pero hay un dato clave que justifica el temor de Madrid: el 67,5% dice que iría a votar en cualquier caso. Entre ellos, el sí a la independencia es mayoritario, con un 62,4% contra el 37,6% que optaría por el no.

La ley de referéndum que presentó Puigdemont no contempla un piso mínimo de votantes para que el resultado del 1º de octubre sea vinculante. Y dispone que en caso de que el sí ganara por un voto, el Parlamento declararía sin más la fundación de la República de Cataluña 48 horas después.

Un proceso complejo

49,4%

De los catalanes no quiere la independencia

Son más que los que están a favor (41,1%) y la brecha se amplió cuatro puntos desde marzo pasado

67,5%

Está dispuesto a ir a votar en cualquier caso

La cifra alarma al gobierno de Mariano Rajoy, que teme que una alta participación le dé más legitimidad a la consulta. En este grupo gana ampliamente el sí

un proceso complejo

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