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La izquierda empuja a España a una nueva era de tauromaquia light

El Parlamento de las islas Baleares aprobó una ley que protege a los toros; no podrán sufrir daños físicos ni psíquicos

Martes 25 de julio de 2017
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Una corrida en la plaza de toros de Madrid, el mes pasado
Una corrida en la plaza de toros de Madrid, el mes pasado. Foto: AP / Francisco Seco

MADRID.- El toro ya no dejará la plaza arrastrado por caballos y dejando un reguero de sangre en la arena. Saldrá vivo, sin un rasguño. Fuera de la vista del público, un veterinario lo revisará para constatar que no haya sufrido daños físicos ni psíquicos en su duelo con el torero.

La era de la tauromaquia light empezó formalmente ayer: el Parlamento de las islas Baleares, dominado por la izquierda, aprobó una ley con la que busca ponerse a la vanguardia de la lucha contra el maltrato animal e inspirar a que otras regiones lo imiten. Hubieran querido abolir las corridas, pero la legislación nacional las protege como un patrimonio histórico y cultural de España .

La nueva regulación permite continuar con la fiesta taurina en las islas bajo estrictos controles que la volverán casi irreconocible. Se prohíbe usar banderillas, puyas, estoques, espadas y cualquier otro objeto que pueda herir a los animales. Se establece un máximo de tres toros por espectáculo (lo habitual es seis) y ninguno podrá estar en el ruedo más de 10 minutos.

"Transcurrido ese tiempo serán reconducidos a los corrales, previo paso por la revisión veterinaria", estipula el texto. Un especialista corroborará "su bienestar físico y psíquico", añade.

A los toreros y a sus cuadrillas se les practicará un control antidoping. El capote y la muleta son las únicas herramientas que tendrán permiso para usar durante la lidia.

Para el público también cambian las reglas. Las clásicas botas de vino quedan prohibidas. Y no se podrán expender bebidas alcohólicas en la plaza ni en los alrededores. Los menores de 18 años tendrán vetada la entrada.

La legislación sancionada ayer contó con el apoyo de los tres partidos que gobiernan Baleares -el socialismo, Podemos y MÉS-, que tiempo atrás habían intentado prohibir las corridas en Palma de Mallorca. Se toparon entonces con advertencias judiciales de que estaban invadiendo competencias estatales. El Partido Popular (PP) y Ciudadanos votaron en contra: alegan que el texto bordea la inconstitucionalidad.

La tauromaquia atraviesa una era de fuerte contestación en toda España, donde crecen los movimientos que reclaman su abolición. Cataluña fue la primera región que prohibió las corridas en su territorio, en 2010, pero un fallo del Tribunal Constitucional dejó la medida sin efecto el año pasado.

En los últimos tiempos, alcaldes de izquierda (Podemos y sus aliados) en ciudades importantes, desde Madrid hasta Valencia o La Coruña, han impulsado ordenanzas para restringir los festejos a través de recortes en los subsidios a quienes los organizan.

Una encuesta de Ipsos encargada por la ONG abolicionista World Animal Protection indicó hace un año que el 19% de los adultos españoles apoyaba de alguna manera la tauromaquia, frente a un 57% que se posicionaba en contra. El rechazo se acentúa entre los jóvenes.

Las últimas cifras oficiales del Ministerio de Educación y Cultura de España revelan una constante caída en el número de espectáculos taurinos a nivel país (pasaron de 2290 en 2011 a 1736 en 2016). La asistencia también se reduce, aunque todavía es considerable: 2,7 millones de personas (un 9,3% de la población) dice haber asistido a alguna corrida en el último año.

La socialista Francina Amengol, presidenta de la comunidad balear, defendió la nueva regulación al decir que "se pone a la altura de lo que hoy exige la sociedad" de las islas: "Se respeta el hecho cultural sin permitir el sufrimiento animal".

Otros artículos de la ley aprobada fijan las condiciones que deben cumplir los ganaderos para transportar los toros a las islas desde la península (deben descansar 48 horas antes del espectáculo) y establecen que no se permitirá la presencia de caballos durante las corridas.

Habrá sanciones para quienes incumplan que van de los 300 a los 100.000 euros. Les pueden caer incluso a los toreros, que -aunque la ley no lo diga- pasan a ser los únicos autorizados a morir en el ruedo.

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