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Semillas: el Gobierno acepta cambios en su proyecto de ley, pero pone condiciones

Quiere que haya un acuerdo entre entidades y la industria semillera, respetando el poder de control del Estado; Guillermo Bernaudo será presidente del Inase

Viernes 28 de julio de 2017 • 11:12
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LA NACION
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El Gobierno está dispuesto a introducir cambios en su proyecto de ley de semillas, pero siempre que haya un consenso en el sector privado, esto es entidades del agro e industria semillera, sobre las modificaciones a aplicar y que se respete que el poder de policía para el control siga en manos del Estado.

Así lo expresó a LA NACION el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, en el marco de la Exposición Rural de Palermo.

"La ley tiene que ser por consenso mayoritario, ojalá sea unánime", señaló el funcionario. Consultado sobre si aceptaría cambios en el proyecto oficial, indicó: "Si hay acuerdo de partes y con una salvedad de que el único poder de policía es del Estado".

La ley vigente, de 1973, se puso en marcha cuando no existían los cultivos transgénicos y cuando la soja cubría una superficie mínima. Esa norma, además, le dio al productor la potestad irrestricta de hacer uso propio de su semilla. Es decir, cosechada la soja o el trigo, guardarse una parte como semilla para volver a sembrar en la campaña siguiente. Por sus características, el productor sólo puede hacer esto con la soja y el trigo. En maíz y girasol, donde no se puede hacer uso propio por las características de las semillas, todos los años debe comprar las semillas a la industria.

En agosto del año pasado, Agroindustria presentó en el Congreso un proyecto que, entre otras cosas, acota el uso propio. Su iniciativa expresa que tras la compra de la semilla el productor deberá pagar por tres campañas más por la semilla que se reserve para uso propio. En cambio, si en la nueva siembra se reserva más de lo inicial deberá pagar sin límite de tiempo.

El Gobierno exceptuó del pago a "aquellos agricultores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y los pueblos originarios que en el contexto de prácticas de agricultura familiar o en un ámbito agrícola comunitario tradicional intercambien o vendan entre ellos semillas u otro material de propagación".

El proyecto del Gobierno llegó luego de que, para asegurarse el pago de un canon por su tecnología en soja Intacta, resistente a insectos, Monsanto implementara un sistema de control en los puertos a los granos de soja. Tras una pelea con la empresa, el Gobierno emitió una resolución, aún vigente, por la cual el mismo Estado realiza los controles y ya no la compañía.

Pese a que Agroindustria presentó su proyecto de ley, en el Congreso sólo hubo dos reuniones informativas pero no se avanzó en el tratamiento parlamentario. Ahora, Buryaile dijo que acepta cambios. "Vamos a tratar de que salga la ley", indicó, si bien no puso fechas.

En junio pasado, entidades del agro y la industria semillera estuvieron con el ministro comentando los avances que el sector privado está teniendo en el marco de una mesa de negociación. Allí, por ejemplo, hubo un principio de entendimiento para que se acote la figura del uso propio tal cual se conoce hoy y se realice un pago.

"Los vamos a volver a convocar", anticipó el ministro con relación a que llamará al sector a una nueva reunión. Dijo que en la medida que el mismo sector privado tenga "avances" ellos se podrían "plasmar en la ley".

En este contexto, el funcionario indicó que Guillermo Bernaudo, actual jefe de Gabinete de Agroindustria, que dejará su cargo a Daniel Asseff (Coninagro), pasará a ser presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase). En pleno conflicto con Monsanto, Bernaudo fue el hombre en quien Buryaile delegó la negociación en las horas más tensas. Ahora, irá al Inase. "Le ofrecí el Inase; Willy Bernaudo es una de las mejores personas que conocí", dijo.

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