Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

Otra prueba de fuego para Temer: deciden los diputados si será juzgado por corrupción

La fiscalía lo acusa de haber autorizado el pago de sobornos; hace falta que lo aprueben dos tercios, pero el gobierno tiene confianza

Miércoles 02 de agosto de 2017
SEGUIR
LA NACION
0

RÍO DE JANEIRO.- Tras su receso invernal, la Cámara de Diputados comenzará a votar hoy la denuncia por corrupción presentada por la Procuraduría General de la República contra el presidente Michel Temer, quien, confiado en el robusto apoyo legislativo oficialista, buscará enterrar cuanto antes esta acción penal, que amenaza su continuidad en el poder.

Se requiere el voto de dos tercios de los diputados -342 de un total de 513- para que la demanda sea aceptada y Temer sea apartado de su cargo por hasta 180 días y juzgado por el Supremo Tribunal Federal. El Palacio del Planalto asegura contar con el respaldo de más de 200 legisladores como para bloquear la denuncia, surgida del escándalo de sobornos del frigorífico JBS, pero antes de que Temer pueda eliminar esta amenaza contra su gobierno deberá sortear un importante obstáculo: el quórum necesario para iniciar la votación.

Temer, ayer, antes de reunirse con sus ministros
Temer, ayer, antes de reunirse con sus ministros. Foto: Reuters

Aunque la bancada oficialista podrá empezar la sesión sin problemas, precisará también que dos tercios de los diputados estén presentes en la Cámara para que la votación se realice. Los defensores de la denuncia contra el presidente suman también unos 200 legisladores, y la oposición -liderada por el Partido de los Trabajadores (PT)- ya advirtió que pretende obstruir la votación para dificultar al máximo la vida del gobierno.

El estancamiento en la Cámara baja desgastaría al gobierno, detendría la agenda de reformas estructurales que impulsa Temer y podría impactar muy negativamente en el camino de recuperación económica en el que se encuentra Brasil después de dos años de su peor recesión. En el medio, además, es probable que el procurador general de la república, Rodrigo Janot, interponga una nueva denuncia contra el jefe de Estado por intento de obstrucción de la justicia y asociación ilícita.

La procuraduría presentó su primera demanda contra Temer -por corrupción pasiva- el mes pasado, luego de que en mayo estalló el escándalo de sobornos de JBS, la mayor procesadora de carnes del mundo. A través de un acuerdo de delación premiada con la justicia, los dueños de JBS revelaron que pagaron millonarias coimas a las principales fuerzas políticas, entre ellas el oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Y entregaron a los fiscales la grabación de una conversación de Joesley Batista con Temer en marzo último en la que el mandatario daba su aval para pagar el silencio a políticos del PMDB. Fueron ésas las razones por las que Temer se convirtió en el primer presidente brasileño en ser denunciado por corrupción en el ejercicio de su mandato.

Para evitar que la acción penal avance hasta la corte, Temer mantuvo hasta ayer intensas reuniones con diputados indecisos de la base aliada e incluso algunos opositores.

Ahora, más allá del obstáculo del quórum para la votación en el plenario, hay otros elementos a tener en cuenta. Cada diputado deberá ponerse de pie y declarar si apoya o rechaza la denuncia contra Temer, en una exposición pública que puede ser muy riesgosa para los legisladores. Esta semana, una encuesta de Ibope remarcó que el 81% de los brasileños defiende que los diputados aprueben la demanda contra Temer -quien tiene apenas un 5% de popularidad-, advirtió que el 79% de los consultados opina que quienes voten en contra de la denuncia son "cómplices de corrupción" y el 73% indicó que los legisladores que apoyen al presidente no deberían ser reelegidos en los comicios de 2018.

Frente a esos datos del sondeo, la gran incógnita es si los diputados se atreverán a ir en contra de la opinión pública mayoritaria.

Lula tiene otro procesamiento

El juez federal Sérgio Moro procesó ayer al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por presunta corrupción en la causa que investiga si el ex jefe del Estado recibió una propiedad rural en Atibaia, en el interior del estado de San Pablo, que se sospecha fue pagada y acondicionada por las constructoras OAS y Odebrecht en agradecimiento de favores cuando estaba al frente del Palacio del Planalto, aunque tanto el ex presidente como las empresas lo niegan. Así, Lula se encuentra condenado a nueve años de cárcel -con posibilidad de apelar- en una causa y procesado en otras cinco por supuestos sobornos, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.

En esta nota:
Te puede interesar

Enviá tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.
Las más leídas