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El silencio ante el chavismo y la obligación de defender a los más vulnerables

Domingo 06 de agosto de 2017
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Una víctima escondida de la pertinaz crisis venezolana es un sector de la izquierda y del progresismo regionales, que ha demostrado que su visión del mundo continúa atascada en los sesenta y los setenta. Su opción es resetearse para recuperar la iniciativa y ubicarse nuevamente en defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad, o simplemente conformarse con exhibir su pasada gloria en algún museo de curiosidades del siglo XX.

El trabajoso esfuerzo para adjudicar la crisis venezolana a una conspiración de la derecha internacional puede ser virtud de una brillante ignorancia o del temerario desprecio por la verdad. Pero más grave es el silencio de esa izquierda durante 15 años frente a las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela. En especial considerando que durante medio siglo éstos fueron la principal bandera de la izquierda frente al autoritarismo criminal de las dictaduras.

No pueden argumentar que no sabían. La situación en Venezuela fue denunciada por las principales instituciones de derechos humanos durante casi dos décadas.

Desde 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela. En 2009 expresó que "la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado frente al Ejecutivo, las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, la existencia de un ambiente hostil para el libre ejercicio de la participación política en disenso y para la actividad de monitoreo por parte de las organizaciones de derechos humanos, la inseguridad ciudadana, la violencia que afecta a las personas privadas de su libertad, a sindicalistas, a mujeres y a campesinos, y sobre todo la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones de los derechos humanos son factores que limitan seriamente la vigencia de los derechos humanos en Venezuela".

Human Rights Watch (HRW) publicó en 2008 el informe Una década de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela. El informe denuncia la grave discriminación política, el desprecio de la separación de poderes, la impunidad y las violaciones de la libertad de expresión, entre otras violaciones. Amnistía Internacional incluyó en la lista de presos de conciencia a líderes políticos venezolanos y recientemente se ha referido al aumento de la "caza de brujas contra la disidencia".

Alarma

Más adelante, en 2014, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), presidido por un exiliado de la dictadura chilena, expresó "su alarma ante informaciones que denuncian actos de tortura y maltratos de personas. Dichos actos incluirían palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y amenazas". En el mismo informe expresa su "preocupación por 437 ataques de grupos armados oficialistas a manifestantes". El informe también da cuenta de 43 manifestantes muertos en dos meses de protestas y expresa su consternación por el "extendido patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos policiales o parapoliciales".

Al mismo tiempo que ignoraba las violaciones en Venezuela, esa misma izquierda se desvelaba con afán por resaltar las violaciones de los derechos humanos, por cierto reales, de gobiernos que consideraban de derecha, como los de Colombia, México y Perú, o los golpes de Estado en Honduras y Paraguay. Sin embargo, los muertos, presos y torturados y la democracia de Venezuela desaparecieron en el silencio de ese falso progresismo que se olvidó de los derechos humanos, ya sea en nombre de una batalla cultural, intereses personales, petrodólares, corrupción, cinismo o simplemente palmaria estupidez.

Al inicio del chavismo, en un intercambio con uno de los principales referentes periodísticos de la izquierda latinoamericana, coincidimos en la frustración porque cada vez que surgía un líder progresista carismático terminaba defraudando, como lo hizo Chávez. Lamentablemente, su sinceramiento privado no fue acompañado con denuncias públicas.

Si los líderes e intelectuales progresistas hubiesen defendido los derechos humanos en Venezuela con la misma vehemencia con que lo hacían en otros países, la realidad venezolana de persecución, tortura y muerte sería distinta.

Está claro que si bien en esta oportunidad la crítica la recibe un sector del progresismo, la historia de la derecha no da como para que celebren. Los derechos humanos no deben estar subordinados a ninguna ideología, partido ni movimiento político. El espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos fue precisamente sentar las bases para que todas las personas, "sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición" gozaran de los mismos derechos y libertades.

En América latina es necesario un nuevo progresismo que lidere un cambio. La enorme desigualdad y la pobreza que golpean diariamente a millones de latinoamericanos sólo se pueden resolver con un Estado presente y activo que ubique a los derechos humanos y al individuo en el centro de toda política pública.

El autor es secretario de Derechos Humanos de la provinciade Buenos Aires

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