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Denuncian que una resolución les quita beneficios a 1600 docentes

Los 17 gremios porteños reclaman que Acuña revise una normativa

Martes 08 de agosto de 2017
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PARA LA NACION
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El gobierno porteño abrió un nuevo frente de conflicto con los gremios docentes. La situación podría tensar aún más la negociación salarial en curso, que se reabrió después de que los maestros bonaerenses cerraron un aumento mayor.

El nuevo foco de tensión se generó porque el Ministerio de Educación porteño, mediante una resolución, dispuso dejar fuera del convenio a los maestros de idioma del nivel primario. La medida afectaría a unos 1600 maestros que perderían beneficios como pago de vacaciones, goce de licencias y haberes jubilatorios, según advirtieron desde los sindicatos docentes.

Este episodio será uno de los ejes de la protesta docente de esta tarde, cuando además se reclamará la reapertura de la paritaria.

"Dejar afuera a los maestros de idioma implica que perderán derechos: serán contratados de marzo a diciembre, no cobrarán vacaciones, no gozarán de licencias, perderán la posibilidad de hacer carrera mediante la acumulación de puntaje por capacitación", argumentó el sindicalista Eduardo López, jefe de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

La normativa trasladó a los maestros de lenguas extranjeras de escuelas primarias bajo la órbita de una gerencia operativa dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo, lo que implicaría que estarán fuera del estatuto docente. Sin embargo, fuentes oficiales aseguraron que no será así. "Es cierto que hemos encomendado la gestión de la supervisión coordinadora a esa gerencia, pero toda la cuestión de ingresos, ascensos y carrera en general está garantizada dentro de las condiciones estatutarias", dijo a LA NACION Javier Tarulla, subsecretario de carrera docente de la ciudad de Buenos Aires. De todos modos, reconoció que el cambio, que calificó como una cuestión "interna", ha generado "movimiento".

"Todo es una operación política de los docentes. Los maestros continúan integrando las plantas orgánicas funcionales de cada una de las escuelas donde se desempeñan y eso ya les fue notificado a cada docente mediante un mail", explicaron desde el organismo que encabeza Soledad Acuña.

"Estamos en un año electoral, algunos sindicatos también están con elecciones internas y esto también genera movimientos", argumentó Tarulla.

Jorge Adaro, del gremio de Ademys, señaló: "Al hacer esto crean una estructura mixta, ya que dentro de esa gerencia hay docentes precarizados, con contrato, por ende, fuera del estatuto. Así que pedimos la anulación de la resolución". Y adelantó que plantearán el tema en la próxima mesa de condiciones salariales y laborales. "Así nos den el 40% de aumento salarial, quedará pendiente el problema de idioma, y si no lo resuelven se va a profundizar el conflicto", desafió el gremialista.

Para López, la situación es grave, ya que considera esto una "prueba piloto" para replicar luego en otras áreas. "Es una prueba para desarrollar la precarización laboral", señaló.

En los gremios docentes advierten que "debido a la falta de docentes hoy los chicos pueden llegar a estar un bimestre completo sin inglés y la aplicación de la resolución 2307 agravará aún más la situación". Es que, según López, "ya faltan unos 110 maestros por día y con estas medidas el número de profesionales de la educación menguará. Hay consenso entre los 17 gremios de la Capital para reclamar la derogación de la resolución". Cuestionaron, además, que se haya determinado de manera unilateral.

Gisel Eiriz, de la Asamblea de Docentes de Idiomas Autoconvocados, confirmó la notificación de la ministra Acuña. Sin embargo, la palabra oficial no convence a los maestros, que prometen "luchar hasta lograr la anulación de esta resolución". "En el Gobierno pueden decir que nos van a reconocer los derechos, pero si nos pasan a otra estructura paraestatutaria, como es la gerencia operativa, no sabemos qué va a pasar con los nuevos ingresos", dijo Eiriz.

Con gestos, Moyano advierte al gobierno

Hugo Moyano , hasta ahora considerado en la Casa Rosada como un aliado sindical clave, comenzó a mostrar gestos que escenifican cierta tensión en el vínculo. El viernes pasado denunció al Banco Central por incumplir con el envió de los resúmenes de cuenta en papel, un negocio que impacta directamente en su tropa: el jefe camionero tiene como afiliados a todos los empleados postales privados.

Pero ayer Moyano dio un paso más. Se reunió con los gremios de la energía para advertir al Gobierno de la necesidad de activar una mesa de diálogo con el sector. Hay preocupación por la suba de las tarifas y la caída del empleo.

Además, en paralelo, su hijo Pablo Moyano alienta un paro general de la CGT para septiembre.

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