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Las instituciones, en clave electoral

Los jueces a cargo de controlar y garantizar la legitimidad de todo proceso eleccionario deben ser personas de prestigio y apartidarias

Jueves 10 de agosto de 2017
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La confianza en la pureza de la elección de nuestros representantes descansa en una multiplicidad de elementos que buscan garantizar la legitimidad de un proceso complejo, dirigido a que los ciudadanos manifestemos libremente nuestra decisión a través del sufragio. Ese proceso comprende la confección de los padrones, la fiscalización del acto electoral, el modo de contar los votos y el control de las condiciones de seguridad, entre muchos otros factores. Pero en la base de todo, está la necesidad de que haya un árbitro neutral, independiente, imparcial y objetivo.

Ningún acto electoral, por limpio que sea, puede dar garantías sobre sus resultados si está dirigido, o es juzgado, por alguien sospechado de tener intereses partidarios.

Días atrás estas páginas dieron cuenta del peligro que entraña la politización de los funcionarios electorales, cuando el fiscal federal cordobés Enrique Senestrari expresó públicamente su deseo de que cayera Michel Temer en Brasil y que lo mismo pasara con Mauricio Macri en la Argentina. Una conducta reprochable para cualquier representante del Ministerio Público, pero especialmente grave en ese caso, porque la fiscalía de Senestrari tiene competencia electoral. Es decir, dictamina, investiga e instruye causas judiciales que guardan relación con la vida de los partidos políticos, la oficialización de candidaturas y el control del financiamiento de las campañas políticas, para citar sólo algunos ejemplos que muestran lo delicado de tener funcionarios con la balanza de la justicia inclinada para el lado de sus preferencias partidarias.

También recientemente vimos expresada la preocupación de la Corte Suprema por la gran cantidad de puestos vacantes (277) en la justicia nacional y federal, donde alrededor del 28% de los cargos de jueces está sin cubrir. En la situación que nuestro país enfrenta, donde la renovación y el perfeccionamiento del Poder Judicial resulta urgente, la integración efectiva de los tribunales parece una demanda mínima e imprescindible.

En este cuadro, el Consejo de la Magistratura está llevando adelante un concurso clave para seleccionar al juez que completará la conformación de la Cámara Nacional Electoral, que debería tener tres titulares, pero que está funcionando con sólo dos miembros desde hace dos años.

La importancia de ese concurso va de la mano de la premura que debiera imprimírsele al proceso de selección, para regularizar el funcionamiento de la máxima autoridad judicial en cuestiones electorales, precisamente en un año de renovación de la mitad de la Cámara de Diputados (129 bancas) y un tercio del Senado (24 cargos), en simultáneo con la elección de muchas autoridades electivas de provincias y municipios.

En ese concurso de antecedentes y oposición hay algo para destacar, que es la presencia de algunos funcionarios de carrera, sin antecedentes de afiliación o vínculo partidario, entre los primeros puestos que conformarán la terna de postulantes. Probablemente la competencia augure para ellos más obstáculos que a los otros, que también los hay, que pondrán en funcionamiento las antiguas prácticas de reivindicar raíces partidarias buscando la mano del poderoso de turno que, desde las sombras, los lleve a los primeros lugares.

Pero en el cuadro gris descripto no deja de ser un buen pronóstico para el avance de las instituciones que funcionarios de prestigio, apartidarios y especializados estén en la carrera hacia uno de los cargos judiciales que mayor independencia de la clase política demanda. Porque para que podamos hablar de confianza en las elecciones los jueces no sólo deben ser sino que, como la mujer del César, es necesario que también sean percibidos independientes.

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