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Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de Venezuela, pide protección

Emilio Cárdenas

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PARA LA NACION
Jueves 10 de agosto de 2017 • 01:57

La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, es una de las personas cuya seguridad personal corre ciertamente mayor peligro en Venezuela. No es la única, pero está claramente en la mira y en los odios de Nicolás Maduro.

En abril pasado, ella sostuvo que la asunción de los poderes de la Asamblea Nacional por parte del Poder Judicial había conformado una "ruptura" del orden constitucional y obligó al gobierno a dar una precipitada (y debilitante) marcha atrás. Nicolás Maduro, desde entonces, la tiene entre ceja y ceja.

Originariamente chavista, su alta designación viene desde los tiempos de Hugo Chávez. Pero las constantes violaciones constitucionales y la permanente arbitrariedad de Nicolás Maduro la impulsaron a denunciarlo corajudamente, así como a varios de los jerarcas de su gobierno ante los estrados judiciales por sus violaciones de los derechos humanos de los venezolanos. Los denunciados, a su vez, procuran activamente su destitución.

Por eso la Fiscal General de Venezuela ha presentado ya dos pedidos expresos de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque teme, con razón, que su persona y su despacho y todas las oficinas del Ministerio Público puedan, de pronto, ser objeto de ataques violentos por parte de los matones a sueldo de Nicolás Maduro. Como lo fuera también la propia Asamblea Nacional que hoy está en manos de la oposición, cuando fuera tomada por la fuerza por un par de centenares de "simpatizantes" de Nicolás Maduro que propinaron, con toda alevosía y obvia cobardía, golpes realmente brutales con objetos contundentes a distintos legisladores de la oposición que, por ello, terminaron -lastimados- en el hospital.

Hace pocos días, la Fiscal General actualizó su denuncia del pasado mes de junio con un nuevo documento, de 24 páginas. Allí reiteró el pedido de protección ya presentado, argumentando que el propio vice presidente de Venezuela, el hombre de confianza de Cuba, Tareck el-Aissami, y otros altos funcionarios públicos la intimidaron y amenazaron públicamente. Lo que ha sido así y la prensa internacional en su momento denunciara abiertamente.

La Comisión, que tiene a Venezuela entre los países a los que hay que hacer un "seguimiento especial" desde 2002, debería ahora solicitar al gobierno de Venezuela que tome las medidas concretas necesarias para evitar daños irreparables.

El gobierno de Venezuela, en clara actitud persecutoria, ha prohibido a la Fiscal General salir de su propio país y ha congelado sus bienes y activos, incluyendo todas sus cuentas bancarias personales. Así actúan los arbitrarios cuando se creen dueños del país al que gobiernan. Sin razón, sin límites, y sin decoro. Pero lo cierto es que todos, sin excepciones, deberán asumir en su momento las gravísimas responsabilidades que, en Venezuela, a cada uno le correspondan.

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