Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

El amor decidió una adopción

Viernes 11 de agosto de 2017
0

Hace pocos días, el doctor Marcelo Molina, juez de familia de Rosario, concedió la adopción plena de un menor de 3 años a sus guardadores de hecho, una pareja heterosexual que había recibido al menor directamente de su madre, una vecina a quien conocen desde hace años y que no estaba en situación de criar a su hijo. La mamá razonó con sensatez que, si ella no podía tenerlo, nada mejor que lo tuviera una pareja que conocía y que sabía que lo cuidaría bien. Así sucedió en el marco de un acta de entrega del niño en 2014.

Lo llamativo es que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación prohíbe la entrega de niños en guarda, sea por escritura pública, por acto administrativo o por los progenitores o sus familiares, disposición que entró en vigor en enero de 2016. Ese código habilita al juez a separar al niño de su aspirante a guardador y a establecer que la guarda de hecho no será considerada a los fines de la adopción.

Cronológicamente, en este caso, la entrega del menor en guarda fue anterior a la sanción del Código y, en consecuencia, es lícita pero la adopción fue declarada con posterioridad a la vigencia de la norma prohibitiva. Por ese motivo, para poder otorgarla, el juez la declaró inconstitucional, considerando este caso particular excepcional, partiendo de una entrega en guarda lícita, basada en una relación de confianza y afecto entre la madre biológica y los vecinos guardadores, sosteniendo con sabiduría que "la vida va delante de la norma" y que debían protegerse los derechos del niño, amparados por la Constitución, según consagra la propia Convención para los Derechos del Niño.

Mientras la candidata a adoptante estaba frente al juez, con el niño a upa, éste le preguntó por su pareja. "Está afuera", fue la respuesta. El juez ordenó que ingresara y el niño, al verlo, exclamó: "Papá", volviéndose hacia él, lleno de alegría. El juez no tuvo dudas y concedió la adopción plena a la pareja de vecinos. Lo decidido no quiere decir que la prohibición de entrega directa de niños en guarda esté sustancialmente mal ni que el Registro Único de Aspirante a Guarda Adoptiva (Ruaga) sea en principio una mala alternativa. Es sabido que lo que se pretende evitar es el tráfico ilegal de niños, obligando a los aspirantes a padres a inscribirse a fin de que sean los niños allí también anotados los que se otorguen, primero en guarda, y luego en adopción. El propio juez lo admite expresamente en su sentencia.

Pero lo cierto es que el Registro no funciona como debería. Recientemente alcanzó difusión el caso de una pareja que debió esperar 10 años para poder adoptar luego de registrarse. Una funcionaria del Ruaga exhibió, en un programa televisivo, estadísticas que presentan situaciones como la referida y que revelan graves falencias del organismo. Es por demás llamativo que cuando un juzgado difunde una convocatoria a potenciales padres dispuestos a adoptar, ya sea grupos de hermanos, niños mayores, y otros con capacidades diferentes, encuentre una maravillosa y nutrida acogida. Curiosamente, el Registro se muestra incapaz de dar con candidatos a adoptar en casos similares. La diferencia de respuesta obtenida indica que algo falla claramente en el sistema.

Finalmente, y en apoyo de la decisión del magistrado rosarino, quien se conmovió frente al amor del niño y supo discernir su verdadero "interés", parece muy dudosa la constitucionalidad de una norma que impide a los padres biológicos elegir quiénes serán los guardadores y futuros adoptantes del hijo que no pueden criar. Es su hijo, no es hijo del Estado. Si se admite que los jueces puedan convertir a dos padres varones en madres de un niño, por encima de la ley, de la naturaleza y de quien lo dio a luz, resulta lógico que los mismos jueces puedan avalar la muy natural decisión de una madre que renuncia dolorosamente a tener consigo a su propio hijo y decide preservarlo, dándolo en guarda con fines de adopción a aquellos en quienes confía y sabe que lo amarán y cuidarán bien.

La necesaria y puntual intervención judicial tanto como la de la Defensoría de Menores debería ser suficiente garantía para evitar el tráfico de niños. El Código no podrá ser nunca un obstáculo a la hora de proteger los derechos del niño y serán los jueces quienes evalúen cada caso en particular.

Te puede interesar

Enviá tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.
Las más leídas