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Comienza la elección de defensores públicos de las víctimas en los 24 distritos del país

A fines de este mes se abrirán los concursos judiciales para la futura designación de cargos; se prevé que los elegidos sean nombrados a mediados de 2018; cada oficina contará con cinco funcionarios

Martes 22 de agosto de 2017
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LA NACION
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Comienza la cuenta regresiva para que las víctimas tengan, en cada provincia, un representante oficial de sus intereses en los procesos penales. A fines de este mes se abrirán los concursos de antecedentes y oposición para nombrar a 24 defensores públicos de las víctimas. Serán quienes encabecen los equipos de patrocinio jurídico de los damnificados por delitos graves, según adelantó a LA NACION la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez. Se espera que, pasados los exámenes, la evaluación de las ternas en el Senado y la designación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, entren en funciones a mediados de 2018.

La defensora general, Stella Maris Martínez
La defensora general, Stella Maris Martínez.

Hace un mes fue promulgada la ley 27.372, de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, que prevé la creación de centros de protección y de asistencia que deberán contar con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados. Con la vigencia de la nueva norma, las víctimas tienen derecho a presenciar las declaraciones de los testigos y a contar con patrocinio legal gratuito tanto durante el proceso como en el período de ejecución de la pena. Deberán ser notificadas sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias a las que aspiren acusados y condenados.

Una de las modificaciones previas a la aprobación de la ley, incorporada por el Senado, fue justamente la creación de un cargo de defensor público de la víctima por provincia. La defensora general estimó: "La planta mínima que debería acompañar a ese defensor es de un secretario o prosecretario letrado y tres empleados, además de la dotación de recursos técnicos y de una sede donde funcionar, independiente de la de otros organismos".

Sostuvo Martínez sobre el nuevo desafío: "Durante mucho tiempo las víctimas no tuvieron el respeto que se merecían. Eran tratadas como si sólo fuesen objetos de prueba. No se les explicaba qué pasaba entre tantos vericuetos del procedimiento penal, no se las acompañaba y se sentían desatendidas. La situación ante los delitos violentos es altamente traumática, y en esta situación se advierte una gran diferencia entre quienes tienen medios para poder contar con un abogado particular y los que no. Hasta ahora, quienes no contaban con ese apoyo sentían que el Estado no les había respondido y, así, eran víctimas de una nueva agresión".

Actualmente la Defensoría General de la Nación interviene en las provincias en casos federales, como narcotráfico o trata de personas. "Junto con el Ministerio de Justicia, los defensores debemos activar a las justicias y a los gobiernos provinciales para que también se hagan cargo del acompañamiento de las víctimas. Algunos distritos ya lo hacen de manera integral, como Chubut y Mendoza (ver aparte)". Recientemente, la provincia de Buenos Aires también anunció la creación del Cuerpo de Abogados de las Víctimas, que desde el mes próximo intervendrá en casos por delitos con penas de seis años o más. En esa provincia, en el último año, se prestó colaboración judicial, social y psicológica a 2408 damnificados por delitos de trata, violencia de género y homicidios.

La Defensoría General de la Nación también asiste en casos de violencia de género y de trata a través del Programa de Patrocinio (funciona en Leandro N. Alem 676, 2° piso frente, Capital, y tiene el teléfono 5070-3250). "El Ministerio de Justicia dará las protecciones adicionales. Nosotros actuaremos como abogados y en función del caso pediremos protección para las víctimas a la Secretaría de Justicia", explicó a LA NACION la doctora Martínez.

En cuanto a los postulantes, la defensora general definió los desafíos: "Primero, la credibilidad; algunos creen que no tendremos fuerza en la representación por ser un patrocinio público, pero será todo lo contrario. Segundo, que los defensores públicos de la víctima aprendan a actuar rápidamente en un rol que es nuevo. Y tercero, tener sensibilidad para poder trabajar con y para las víctimas".

Finalizó: "Pondremos equipos interdisciplinarios a trabajar, además de los psicólogos especializados en, por ejemplo, casos de violencia de género. Será necesario ayudar a las víctimas a reconstruir su personalidad y a empoderarse, a salir mejor, a que el proceso penal no se convierta para ellas en una nueva forma de humillación. El Estado está empezando a comprender que las víctimas merecen un acompañamiento especial. Tengo fe en que esta ley aprobada recientemente se convierta en un modelo para la región. Las asociaciones de víctimas seguramente harán un seguimiento cercano de la reglamentación e implementación, porque van a exigir que la ley se ponga en práctica de la mejor manera".

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