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El sistema de financiamiento de la política

Orlando J. Ferreres

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PARA LA NACION
Miércoles 23 de agosto de 2017 • 01:04
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Prácticamente, en todo el mundo el sistema se basa en una proporción de los contratos que otorga el Estado o sus concesionarios de sus obras públicas. Esta segunda parte se hace con mucha elegancia, salvo en gobiernos más populistas que suelen hacerlo de una manera más directa.

¿Puede funcionar un sistema así a largo plazo? No me parece que eso pueda resultar creíble cuando pasan varios años y la oposición trata de lograr descifrar los temas del financiamiento del poder. Puede postergarse la solución con mayor acercamiento a todos ellos, y eso podría alejar la solución del problema.

Como ejemplo podemos citar el caso de Brasil, que utilizó muchísimo a los contratos con empresas del gobierno para financiar a la política oficial y a la oposición y donde finalmente terminaron involucrados casi todos los políticos de su país. La ley de delación premiada ayudó enormemente a esta evolución y así se concretaron muchas denuncias de personas que dijeron que debieron entrar en ese juego porque su superior se lo había ordenado. Al hacer estas denuncias se reducía la pena al involucrado y se la ampliaba al superior político que se veía obligado a responder. Esto no solo llevó a castigar fieramente a los políticos, sino también a los empresarios de mayor nivel que se vieron envueltos en cada operación. El tema de la ley de delación premiada no solo involucró a empresarios, políticos y sindicalistas brasileños, sino a muchas personas físicas y jurídicas de muchos países, con las consecuencias negativas que eso trajo.

En la Argentina no hubo ninguna consecuencia mayor, pues aquí no tenemos ese tipo de leyes y los políticos argentinos no las quieren, pues se dan cuenta de que, con seguridad, podrían sufrir las consecuencias económicas y penales que estamos viendo en países como Brasil.

¿Qué tenemos que hacer en la Argentina? Tenemos varias opciones para seguir adelante. La primera son variantes de la situación actual, donde no va a caber seguramente un cambio de posición respecto de la perspectiva actual de superar los problemas con formas adecuadas. Otra variante es la de avanzar con la ley delación premiada al estilo Brasil, lo que podría llevar a la denuncia de todos los contratos de una empresa y de las compañías involucradas. Esto sería muy adecuado y seguramente calmaría los ánimos de todos los que protestan por estos temas.

Sin embargo, habría una solución bastante más compleja y que llevaría a una solución integral de la corrupción política en las democracias occidentales. Esta consiste en que los gobiernos se encarguen de cubrir todos los costos de la política en todos sus aspectos. Para ello se debería hacer un cálculo de todos los costos de la política y que los gobiernos deberían pagar sin mayor discusión. Esto incluye la vida de los partidos hasta donde es razonable, las elecciones de diferentes funciones en cada departamento o estado, diputados y senadores de todos los niveles y los poderes ejecutivos de cada jurisdicción. Lo mismo que los asesores y demás trabajadores para la política, incluyendo sus viajes al exterior o interior.

Un mínimo para defendernos de estas injusticias es la ley de delación premiada y un máximo es la cobertura por el estado de todo gasto político. Lo que es muy difícil es dejar las cosas como están ahora, sin ningún castigo para los culpables de casos graves de corrupción política. Este es un buen momento para iniciar un tratamiento distinto de la corrupción que tanto nos perjudica. Seguir como estamos ahora no beneficia a nadie. Es fundamental contar con nuevos instrumentos de justicia.

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