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El Colegio Profesional Inmobiliario presentará un recurso de amparo contra la ley de alquileres

Cuando se reglamente la normativa, el organismo anticipó que objetará la iniciativa

Jueves 24 de agosto de 2017 • 18:55
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LA NACION
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Se aprobó la ley de alquileres que establece que la comisión de los contratos la paguen los propietarios
Se aprobó la ley de alquileres que establece que la comisión de los contratos la paguen los propietarios. Foto: Archivo

La legislatura porteña aprobó la modificación a la ley 2340 que genera un nuevo escenario en las negociaciones de los alquileres como por ejemplo que la comisión en el contrato de alquiler deberá afrontarla el propietario del inmueble y no el inquilino; y el sector reaccionó.

"Vamos a plantear la inconstitucionalidad de la ley y realizaremos un amparo colectivo por avasallamiento a los derechos de los corredores inmobiliarios", afirma Mario Gómez, director de Le Bleu Negocios Inmobiliarios y miembro del consejo directivo del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI).

Hasta hoy cuando una inmobiliaria alquilaba un inmueble cobraba un 4,15 por ciento de comisión al inquilino y tenía la libertad de negociar el monto que le cobraba al propuietario directamente con el. "Ahora no podrá hacerlo y de esa forma se afecta la libertad de contratación. Es una iniciativa que va en contra del Código Civil y Comercial de la Nación que establece el contrato de corretaje", agrega Gomez. Su opinión está en línea con la opinión de sus colegas que incluso denominaron a la nueva ley como "inconstitucional" y hasta la tildaron de oportunista por las elecciones".

El proyecto de modificación de esa ley se centra en tres aspectos fundamentales, explicados por el abogado Mariano Esper especializado en real estate: la fijación de un máximo del 4,15 por ciento del contrato, a cargo del locador, como retribución para el corredor; la prohibición de cobrar honorarios por intermediación y por administración de propiedades a locatarios y sublocatarios y otra prohibición de cobrar los costos de gestoría por solicitar informes de dominio -aquel que se pide para conocer la situación jurídica de un bien- e inhibiciones a los inquilinos. Además, el proyecto establece que la inmobiliaria debe dar a conocer esa información en publicidades en su sitio web y en carteles ubicados en sus oficinas físicas.

La legislatura aprobó la ley de EE.UU
La legislatura aprobó la ley de EE.UU. Foto: Archivo

Héctor D'Odorico, presidente del Colegio Profesional Inmobiliario aclara que los inquilinos no son "cautivos" de las inmobiliarias "como dicen algunas agrupaciones que los defienden", porque "siempre tienen la opción de ir a grupos de dueño directo" a pesar de que haya posibilidades de que la operación se encuentre con dificultades "por no tratarse de un contrato debidamente formalizado". Por otro lado, aseguró que el hecho de que se prohíba cobrar honorarios y costos de gestoría a los inquilinos hará que todo se traslade al propietario y, por lo tanto, termine reflejado en el precio de la propiedad. "Siempre que se intervino al mercado de alquileres se perjudicó al inquilino", insiste Gomez. En hechos concretos anticipa un retiro de propiedades para alquilar y una disminución de interés de los inversores por comprar. "A menor oferta de unidades, más aumentan los precios", agrega.

La propuesta del Colegio Profesional Inmobiliario, afirmó, tendía a que ambas partes pagaran un 3 por ciento del contrato. Siguió con las advertencias: "Esto es una flagrante violación a nuestros derechos y los vamos a defender a rajatabla, porque si no, lo que se va a lograr es un mercado informal donde el más perjudicado va a ser el locatario", insiste D´Odorico y agrega que si bien la reforma tiene como objetivo proteger al "supuesto eslabón más débil", el inquilino, "ahora el débil será el inmobiliario" porque "a muchas que viven de alquileres se les van a reducir en un 50% sus ingresos". En números, el bróker adelanta que el costo que tendrá que afrontar el locador se trasladará al locatario. Por ejemplo, cuando ponga en alquiler un departamento por $7000, le sumará el valor de la comisión dividido en 24 meses.

"Si lo único que incomoda es algún profesional que cometió algún error o tuvo algún defecto, para eso están los colegios: para recibir denuncias o inquietudes. ¿Qué más queremos nosotros, como profesionales inmobiliarios, que nos respeten por nuestra profesión?", aseguró Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, quien añadió que lo que está sucediendo con el ejercicio del corretaje inmobiliario, de no detenerse, podría afectar también a diferentes profesiones "como el gasista o un abogado con el fin de reducir costos".

Otra mirada tienen quienes impulsaron la iniciativa: "Es un avance enorme porque se disminuyen los costos iniciales de un contrato, se genera más información sobre los derechos y responsabilidad de de inquilinos y propietarios y se abre una agencia de información y orientación de parte del IVC que pondrá un equipo de abogados a disposición para atender las demandas", explicó Juan Maquieyra, titular del organismo. Desde el Gobierno de la Ciudad afirman que la medida beneficiaría directamente a las 400.000 familias que alquilan. "La es ley es positiva", anticipa Fernando Muñoz, titular de la Defensoría del Inquilino porteña. "Al mercado inmobiliario no lo afecta porque se seguiría cobrando la comisión, pero al locador. Además prohíbe la sobre facturación en gestoría, por ejemplo, trámites de averiguación de antecedentes que cuestan $400 y los cobraban hasta $2500", agrega.

En referencia a este punto, uno de los artículos de la Ley 2340 plantea como un deber de los corredores inmobiliarios solicitar informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones, respecto de la operación encomendada y las partes intervinientes, debiendo poner los mismos a disposición de éstas. Los costos de gestoría de dichos informes no podrán ser requeridos a los locatarios de inmuebles con destino habitacional.

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