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El cambio afecta la libre contratación, dicen los martilleros

Presentarán un recurso de amparo por sentir afectados sus derechos

Viernes 25 de agosto de 2017
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LA NACION
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La Legislatura porteña aprobó la nueva ley que cambia las condiciones en las negociaciones de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires y las inmobiliarias no tardaron en reaccionar. "Vamos a plantear la inconstitucionalidad de la norma y realizaremos un amparo colectivo por avasallamiento de los derechos de los corredores inmobiliarios", afirmó Mario Gómez, miembro del consejo directivo del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI). La acción legal recién podrá hacerse cuando esté reglamentada la ley sancionada, pero la entidad ya tiene su equipo de abogados trabajando en el tema.

Hasta ahora, cuando una inmobiliaria alquilaba una propiedad cobraba un 4,15% de comisión al inquilino y tenía la libertad de negociar el monto que le cobraba al propietario directamente con él. "Ahora no podrá hacerlo y, de esa forma, se afecta la libertad de contratación. Es una iniciativa que va en contra del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece el contrato de corretaje", agregó Gómez. Su opinión está en línea con la opinión de sus colegas, que incluso calificaron la nueva ley de "inconstitucional" y hasta la tildaron de "oportunista por las elecciones".

Otro aspecto fundamental es la prohibición de cobrar los costos de gestoría por solicitar informes de dominio -se piden para conocer la situación jurídica de un bien- e inhibiciones a los inquilinos. Las inmobiliarias afirman que el hecho de que se prohíba cobrar honorarios y costos de gestoría a los locatarios generará que los propietarios se los terminen trasladando. "Siempre que se intervino en el mercado de alquileres se perjudicó al inquilino", insistió Gómez. En hechos concretos, anticipó un retiro de propiedades para alquilar y una disminución de interés de los inversores por volcarse al sector.

"A menor oferta de unidades, más aumentan los precios", detalló. Y agregó que también habrá un incremento del mercado informal, donde el más perjudicado va a ser el inquilino. En números, se estima que hay 400.000 inmuebles alquilados en la ciudad y que se celebra un promedio de 200.000 contratos por año.

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