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Indagarán por las obras de AySA a empresarios y a ex funcionarios

El juez Casanello los acusó por desviar una licitación y por inflar los presupuestos de dos plantas de agua

Sábado 02 de septiembre de 2017
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LA NACION
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Indagarán por las obras de AySA a empresarios y a ex funcionarios
Indagarán por las obras de AySA a empresarios y a ex funcionarios. Foto: Archivo

Por primera vez, ex funcionarios y empresarios deberán dar explicaciones ante la Justicia por una de las causas vinculadas al Lava Jato en la Argentina. El juez Sebastián Casanello ordenó ayer la declaración indagatoria de ex dirigentes de AySA -la empresa pública de aguas-, ex funcionarios del Ministerio de Planificación y una decena de empresarios que participaron en la construcción de dos plantas potabilizadoras sospechadas por los delitos de defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Las indagatorias habían sido pedidas por el fiscal Federico Delgado.

"En ambos consorcios participaron firmas brasileñas involucradas -en mayor o menor medida- en la operación Lava Jato, una red de lavado de activos y de corrupción que tuvo su centro en Brasil, pero que trascendió fronteras y proyectó sus efectos a otros países, con miras a la obtención de importantes obras públicas, como es el caso argentino", escribió Casanello. "Estas obras no escaparían al esquema general de pago de sobornos", agregó el magistrado.

La disposición de Casanello se extendió a 28 personas vinculadas de distinta manera a las obras: el ex presidente de AySA, Carlos Ben; su mano derecha, Raúl Biancuzzo, y Fabián López, ex director de la Agencia de Planificación, que reportaba a Julio De Vido. Todos tuvieron un rol clave, tanto en el armado de la licitación como en la ejecución del contrato.

También serán indagados los representantes de las empresas Odebrecht, Camargo Correa, Benito Roggio, Esuco, Cartellone, Supercemento y José Cartellone Construcciones, entre otros. Los nombres propios más resonantes entre los empresarios acusados son Rodney Carvalho (Odebrecht), Carlos Wagner (Esuco) y Benito Roggio (Roggio y Hermanos SA). Las indagatorias comenzarán el 1° de noviembre y llegarán a mediados de diciembre.

El juez Casanello consideró que las licitaciones que terminaron por adjudicar los contratos mellizos a las empresas brasileñas fueron direccionados de antemano para que ganaran los consorcios liderados por Odebrecht y Camargo Correa. Una vez asignadas las obras, los investigadores acusan a AySA de haber aumentado el presupuesto injustificadamente y de haber demorado los plazos para aumentar las erogaciones y, así, beneficiar a las compañías, informaron fuentes judiciales. Todos estos sospechosos movimientos administrativos fueron revelados por LA NACION el pasado 11 de abril.

Licitaciones "mellizas"

AySA adjudicó en enero de 2008 la construcción de la planta Paraná de las Palmas al consorcio liderado por Odebrecht, por $ 1838 millones. Cuatro meses después, sin mediar modificaciones en las condiciones, la reasignación de precios se extendió otros $ 445 millones. En total, AySA asignó para la obra un presupuesto de $ 2293 millones, que financió el Bndes, según consta en documentos oficiales. Pero la obra registró un total de pagos realizados hasta hoy de $ 7000 millones, el triple de lo presupuestado.

También en enero de 2008, Camargo Correa y Esuco SA se quedaron con otro contrato para la construcción de la planta del Bicentenario, por $ 404 millones. Como sucedió también en su contrato mellizo, una redeterminación de precios por $ 53 millones llegó en abril. En total, la obra costaría, entonces, $ 457 millones. Los pagos para concretar la obra finalmente se duplicaron: llegaron a $ 814 millones.

El magistrado también objetó la asignación de dos obras nuevas dentro de las plantas que fueron adjudicadas de manera directa, sin licitación de por medio, a las mismas empresas. Los procedimientos, que evitaron el concurso, se hicieron a través de dos adendas que sobrepasaron el límite máximo para reasignar partidas. El presupuesto total de las obras superó los $ 1000 millones.

Hubo más pruebas de una licitación acordada de "antemano". Detectaron intercambios de cartas entre el Banco de Desarrollo de Brasil -a cargo del financiamiento- y las empresas antes de que se hicieran públicas las condiciones del concurso. "Evidencia acuerdos preexistentes y desnuda el montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena", escribió el juez.

El llamado a indagatoria de Casanello fue sustentado en un informe realizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, que detectó las irregularidades en la licitación. Esas pruebas sustentaron la hipótesis de los delitos de defraudación al Estado y negociaciones incompatibles.

El juez Casanello, además, libró exhortos la semana pasada para intentar determinar el pago de sobornos por parte de Odebrecht para quedarse con las obras, después de que LA NACION revelara que los brasileños pagaron US$ 14 millones. Según surge de los documentos que revisó este diario, los pagos se realizaron a través de distintos intermediarios, como el ex funcionario Biancuzzo, el empresario Wagner (ambos con fecha de indagatoria) y Jorge "Corcho" Rodríguez. El magistrado espera ahora la respuesta de los exhortos para avanzar con esa nueva hipótesis.

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