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Rosario: detienen a 32 policías por un caso de desaparición forzada

La justicia federal indaga a los efectivos por la muerte de un joven que fue detenido y su cuerpo apareció en el río Paraná

Lunes 04 de septiembre de 2017 • 16:40
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ROSARIO.- El juez federal de Rosario Carlos Vera Barros ordenó hoy la detención de 32 policías y empleados del Instituto Médico Legal, acusados de participar y encubrir la desaparición forzada agravada por la muerte del joven oriundo de Florencio Varela Franco Casco, quien tras ser detenido en una comisaría de Rosario apareció muerto flotando en el río Paraná.

Durante la mañana, efectivos de Gendarmería realizaron los allanamientos y las detenciones de los imputados, entre los que se encuentra el jefe de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe, Aníbal Candia.

El operativo fue ordenado un día después de que se levantara el secreto de sumario en la causa. La semana pasada los familiares de Casco pidieron la detención de 31 policías y funcionarios del Instituto Médico Legal involucrados.

El fiscal de la causa Marcelo Di Giovanni requirió indagatorias a 24 personas, aunque no solicitó detenciones como sí lo planteó la querella. Y allí figuran los integrantes de las dos guardias presentes en la comisaría 7ª los días 6 y 7 de octubre de 2014, cuando Casco estuvo detenido ilegalmente allí, además de personal de Asuntos Internos y del Instituto Médico Legal.

El caso

Entre el 6 y el 7 de octubre de 2014 Franco Casco fue visto con vida por última vez en la comisaría 7ª de Rosario. No se supo nada más hasta que su cuerpo fue encontrado 22 días después el río Paraná por agentes de Prefectura Naval.

Casco había viajado a visitar a unos primos que residen en Empalme Graneros y el día 6 de octubre tenía previsto volver en tren a Retiro donde su madre, Elsa, lo esperó sin éxito. El caso se empezó a investigar entonces como averiguación de paradero.

Tras el hallazgo del cuerpo, la familia y la Multisectorial promovieron el traspaso de la investigación a la Justicia federal por desaparición forzada de persona, lo que se concretó en diciembre de 2014.

Salvador Vera, abogado de la querella en la causa por la muerte Franco Casco, aseguró que, dada la gravedad de la imputación que tienen los jefes policiales indagadados hoy por la muerte de Casco deberían quedar con "prisión preventiva".

Vera dijo que debería ser así "por dos razones, primero, por la gravedad del hecho y la pena de expectativa que da cuenta de un gran peligro de fuga y por otro lado porque está probado en la causa todo el entorpecimiento a la actuación judicial hecho por los propios agentes".

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