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Los piqueteros reclaman $ 8000 millones más y crece la tensión con el Gobierno

Las agrupaciones postergaron para el jueves una protesta frente a los supermercados; piden a la Rosada declarar la emergencia alimentaria y aumentar las partidas asistenciales

Martes 05 de septiembre de 2017
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LA NACION
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La "buena onda" dio lugar a la indisimulable tensión y las demandas que antes eran atendidas de forma inmediata ahora encuentran límites precisos. El Gobierno y el "triunvirato" de organizaciones piqueteras negocian, a cara de perro, una salida ante la amenaza de manifestaciones que incluirán concentraciones con ollas populares en las puertas de los supermercados, pospuestas hasta el jueves próximo.

La ministra e Desarrollo Social, Carolina Stanley, ayer, con intendentes bonaerenses
La ministra e Desarrollo Social, Carolina Stanley, ayer, con intendentes bonaerenses. Foto: LA NACION

"Pospusimos las medidas hasta el jueves para habilitar el diálogo y encontrar soluciones a los pedidos que planteamos", afirmó a LA NACION Daniel Menéndez, el líder de la organización Barrios de Pie, que junto a la CCC y la CTEP consensuaron una concentración para pasado mañana, a las 7, frente al Obelisco, una protesta que incluirá la "visita" a distintos hipermercados para solicitar alimentos. La medida estaba prevista para mañana, pero las organizaciones -atentas a la posibilidad de que el Gobierno revea sus planes- decidió postergar la movilización.

El desencadenante de la discordia fue la reunión que, el viernes pasado, mantuvieron las organizaciones sociales con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; su par de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Allí, el Gobierno puso límites al pedido de las organizaciones, que reclamaron la "plena implementación" de la ley de emergencia social, la inclusión de 150.000 familias en planes sociales conocidos como salario real complementario y comenzar a discutir la emergencia alimentaria en el Congreso. Enojados por el pedido de "analizar de manera más profunda" números y asignaciones, las organizaciones abandonaron la mesa de diálogo, aunque las conversaciones con Stanley continuaron.

"Hay que ser prudentes y mantener canales de diálogo, pero dejando en claros los límites", explicaron en la Casa Rosada, donde Stanley estuvo ayer. "Acá estamos, está difícil, pero estamos tratando", afirmó la ministra a LA NACION, con una sonrisa, antes de abandonar Balcarce 50.

En el Gobierno agregaban que el costo del reclamo alcanza unos $ 660 millones mensuales adicionales (unos $ 8000 anuales) no contemplados en las previsiones oficiales. "No creemos que quieran romper la relación con nosotros, sobre todo porque sus límites electorales quedaron claros en agosto", chicanearon desde la Casa Rosada. En las elecciones, Barrios de Pie formó parte del conglomerado que apoyó a la lista de Sergio Massa, el Movimiento Evita, vinculado a la CTEP, estuvo repartido entre Cristina Kirchner y Florencio Randazzo, y la CCC de Juan Carlos Alderete tiene vínculos con minoritarias agrupaciones de izquierda.

Tal como anticipó LA NACION, la discusión entre Stanley y las organizaciones tiene que ver con la puesta en marcha de la emergencia social, que prevé erogaciones por $ 30.000 millones en cuatro años y la participación de esos grupos en la elaboración de un "censo" de la pobreza a nivel nacional. Según los números oficiales, ya se entregaron 170.000 planes -según los piqueteros, son menos de 100.000, y por eso piden 150.000 más- y ya se gastaron 9000 millones del total presupuestado por ley hasta 2019.

Un nuevo clima se instaló luego de las elecciones de agosto, en las que el oficialismo obtuvo muy buenos resultados. Stanley, que mantiene buenos vínculos y diálogo con Juan Grabois (CTEP) y Emilio Pérsico (Movimiento Evita), habló en duros términos de la posibilidad de protestas de los grupos piqueteros. "No se puede hacer marketing de la pobreza, hay un 30% de pobreza que reconocimos por estadísticas del Indec, lo visibilizamos y ahora hay que darle respuesta", aseguró la ministra anteayer. Y habló de "una historia de los últimos 10 años de toma y daca, yo te doy si no me cortás". "De ese lugar nos tenemos que correr. La movilización en ningún sentido debería ser usada políticamente", agregó la ministra en declaraciones radiales. Para las organizaciones sociales, el éxito en las urnas hizo cambiar al Gobierno. "Hay una decisión de mostrar cierto endurecimiento", agregó Menéndez a este diario. Para Alderete, "el Gobierno castigó a las organizaciones sociales por haber participado en la movilización de la CGT" del 22 de agosto pasado, una movilización que enojó al presidente Mauricio Macri.

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