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Denuncia que le quitaron a su hijo: "Me lo sacaron como un pedazo de pan por ser trabajadora sexual"

Brenda Sequeira pidió la nulidad del proceso judicial que determinó que su hijo pueda ser adoptado por otra familia

Martes 12 de septiembre de 2017 • 00:09
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PARA LA NACION
Brenda Sequeira denuncia que el Juzgado de Familia N°1 de Comodoro Rivadavia le quitó a su hijo por discriminación
Brenda Sequeira denuncia que el Juzgado de Familia N°1 de Comodoro Rivadavia le quitó a su hijo por discriminación.

La última vez que lo vio, Gael recién empezaba a dar sus primeros torpes pasos y balbuceaba algunos sonidos en sus intentos, todavía inútiles, por hablar con su mamá. Tenía un año y medio cuando el Juzgado de Familia N°1 de Comodoro Rivadavia entendió que la tenencia debía ser otorgada a una pareja que hoy vive con su hijo de tres años en Cipolletti, Río Negro. "Me lo sacaron como si fuera un pedazo de pan por ser trabajadora sexual", dice Sequeira con la voz atravesada por la bronca y la angustia.

El drama que relata comenzó cuando ella se peleó con su pareja con quien compartía el cuidado de Gael. Ella vivía en un hotel y, en sus horarios de trabajo, él se hacía cargo del niño. Le había dado una guarda provisoria por vías legales para resguardar a su hijo hasta que ella consiguiera una casa y organizara su jornada laboral, pero, a raíz de la pelea, decidió revocarla y pidió el reintegro inmediato. Andrea Caleri, la abogada oficial que trabaja para la defensoría pública de Comodoro Rivadavia, apunta: "Fue allí cuando empezaron a intervenir profesionales interdisciplinarios y el Servicio de Protección de Derechos, que son equipos que se conforman para auxiliar a la jueza y elaboran informes a través de entrevistas que tienen con quienes participan en un proceso de familia". Y añade: "Los informes son prejuiciosos y discriminatorios. Dicen que es una madre con la que no se puede dialogar, alegan el trabajo sexual y que no puede darle una vida digna a su hijo".

Le impusieron ciertos requisitos para que le restituyeran a su hijo, como tener un trabajo formal, una vivienda, análisis toxicológicos de VIH y horarios "normales". "Me conseguí un departamento y un trabajo en la industria pesquera, me inscribí como monotributista, pero todo lo que hacía para el juzgado no era suficiente", dice Sequeira.

Brenda lo tuvo a Gael hasta que la Justicia decidió que no estaba apta
Brenda lo tuvo a Gael hasta que la Justicia decidió que no estaba apta. Foto: Brenda Sequeira

Una asesora de familia que representa al niño pidió realizar un ADN para determinar si la expareja era el padre biológico, y dio negativo. "El Juzgado de Familia N°1 a cargo de María Marta Nieto le quitó al nene y se lo dieron a una pareja desconocida para Gael, sin ningún tipo de vínculo, sin ninguna integración previa y de un día para el otro", asegura Caleri. En Comodoro Rivadavia existe un Programa de Familias del Corazón que depende del Servicio de Protección de Derechos y se utiliza cuando se separa a los hijos de sus familias y se los integra con otras hasta que el proceso judicial finalice. La ley determina que si transcurren 180 días y no se resuelve la situación de la madre el juez está obligado a declarar una situación de adoptabilidad del niño.

En ese entonces, Brenda había contratado a una abogada particular y, cuando la sentencia de adoptabilidad quedó firme, la abogada renunció y no apeló. En medio de la desesperación, volvió a contactar a Caleri y le pidió ayuda para reclamar a su hijo. "Teóricamente, después de esta sentencia se tienen que pedir tres legajos de pretensos adoptantes y ver cuál de esas familias tiene mejor perfil para el nene", explica Caleri. En este caso, según Caleri, la familia que cuidaba a Gael bajo el Programa de Familias del Corazón inició los trámites de guarda preadoptiva a pesar de que no figuraban en la lista de posibles adoptantes y ella se enteró de casualidad cuando vio el expediente de adopción en la mesa de entrada de Tribunales.

Segunda etapa judicial

Cuando Caleri volvió a tomar el caso, ya se habían agotado casi todas las instancias judiciales y decidió hacer una medida excepcional. "Pedimos la nulidad del proceso judicial en contra de Brenda porque estaba sesgado de prejuicios y estereotipaciones, vinculado a que ella es trabajadora sexual, tiene un carácter fuerte y es una persona que estructuralmente está en una situación de pobreza", señala. A su vez, planteó, a través de medidas cautelares, la suspensión de todos los juicios en relación a Gael como la guarda preadoptiva y la adopción.

Caleri denuncia que se le negó a la madre el acceso a la justicia. Las tres juezas pertenecientes a los tres Juzgados de Familia no quisieron tomar el caso y se declaró un incidente de competencia negativa. El expediente pasó a la Camara de Apelaciones que, luego de dos meses, determinó que la causa la tenía que tomar el Juzgado de Familia Nº2, a cargo de la jueza Diana Golubczyk. Hasta el momento, ningún Juzgado quiso hacer comentarios sobre el tema.

El Grupo de Pro Derechos de los Niños, el Comité Internacional de los Derechos del Niño, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) y Estela de Carlotto, titular de Abuela de Plaza de Mayo, se presentaron como "amigos del tribunal" para dar una opinión especializada e intentar develar si la Justicia respeta los derechos de Gael y de la familia, pero sus argumentos fueron desestimados.

"Este recorrido que hace Brenda en búsqueda de tener contacto con su hijo no ha dado resultados porque los tribunales y los institutos de protección de derechos se han apegado a la doctrina tutelar", dice Roberto Llaiquel, titular del Grupo de Pro Derechos de los Niños en Comodoro Rivadavia que apoya la causa. La doctrina tutelar a la que se refiere estaba vigente antes de que se creara la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Nacional 26.061 que contempla la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. "Consiste en que el Estado interviene arbitrariamente como patrón y sobre todo en familias pobres", continúa Llaiquel.

Mientras transcurre el tiempo y los juicios, Gael crece y ni él ni Brenda tienen posibilidad de verse. "Su mamá es trabajadora sexual y es la familia que le tocó. Lo desarraigaron de su lugar de origen y le cambiaron el centro de vida sin autorización judicial, vulneraron muchos derechos del niño", dice Caleri. "Ven la actividad de Brenda como negativa, rotulante y discriminatoria, es muy difícil que con ese esquema de pensamiento el tribunal revierta esa conducta y genere un retroceso para que Gael se encuentre con su madre", agrega Llaiquel. "Si pensaron que me iba a quedar de brazos cruzados, se equivocaron de persona", remata Brenda.

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