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¿Qué opciones tiene el gobierno español para frenar el referéndum en Cataluña?

Rajoy dispone de varias armas legales para detener la consulta independentista, desde sancionar a funcionarios hasta suspender las competencias de la región

Miércoles 06 de septiembre de 2017 • 17:43
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MADRID (AFP).- En medio de una creciente tensión política, el Parlamento de Cataluña aprobó hoy una ley para convocar para el 1° de octubre un referéndum de secesión de España, que Madrid considera inconstitucional y que buscará impedir con todo su arsenal jurídico.

El presidente español, Mariano Rajoy
El presidente español, Mariano Rajoy. Foto: EFE

Para impedir la celebración efectiva del referéndum, el Ejecutivo español dispone de algunas armas legales:

Sanciones a funcionarios o vía penal

Los funcionarios que ayuden a organizar el referéndum se exponen a sanciones. Según Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad a Distancia (UNED), se trataría de sanciones disciplinarias, como "la suspensión temporal de empleo y sueldo".

Dicha medida podría aplicarse, por ejemplo, a directores de instituto o rectores de universidad que abran el 1° de octubre sus locales para que sean usados como centros de votación.

Dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, se podría llegar a la vía penal, que permite imputar a funcionarios o cargos políticos por "desobediencia" e incluso, en los casos más graves, por "rebelión". En estos casos, los encausados podrían tener que responder con su propio patrimonio, si la justicia estimara que se han desviado caudales públicos para la consulta.

Suspensión de cargos públicos

El Tribunal Constitucional español puede multar e incluso suspender de sus funciones a "las autoridades o empleados públicos" que incumplan sus resoluciones. En caso de activarse, apuntaría a altos cargos catalanes como, por ejemplo, el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, o la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell.

Adelantándose a los acontecimientos, Forcadell tomó ya la iniciativa de pedir la recusación de los miembros del TC, para tratar de paralizar sus posibles sanciones o al menos retrasarlas.

Pre-estado de excepción

Una ley promulgada en 2015 permite al gobierno declarar por decreto una "situación de interés para la Seguridad Nacional", en un territorio definido y de manera temporal.

El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, justificó en su momento la llamada Ley de Seguridad Nacional, al aseverar que "la legislación padecía de un vacío normativo, entre las crisis habituales y los estados de alarma, excepción y sitio".

En estos casos, el texto permite nombrar "una autoridad funcional", con "competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan" a fin de remediar la crisis.

Así, el dispositivo le daría por ejemplo al gobierno de Rajoy el poder de controlar de manera directa y temporal a la policía catalana, los Mossos d'Esquadra.

Según Yolanda Gómez, el gobierno español podría "sobreponer en la cadena de mando de los Mossos a un civil que no sea el consejero de Interior" catalán, el independentista Joaquim Forn, sino el ministro del Interior del gobierno central, Juan Ignacio Zoido.

Cumplimiento forzoso de la Constitución

La medida más extrema sería la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna española. Permite al gobierno central "adoptar las medidas necesarias" en una región determinada, y someterla al "cumplimiento forzoso" de las obligaciones establecidas por la Constitución "u otras leyes".

La puesta en marcha de esta medida no es tan rápida como las anteriores, ya que le exige al gobierno de Madrid dos trámites previos: un requerimiento al presidente de la región, y "en el caso de no ser atendido", recabar el apoyo "por mayoría absoluta del Senado".

Es la medida más impopular y arriesgada a nivel político, ya que "siempre se ha considerado que es desposeer a una comunidad autónoma de sus legítimos poderes", apunta Yolanda Gómez.

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