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Una estocada que sepulta cualquier ilusión de una solución dialogada

Jueves 07 de septiembre de 2017
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Un diferendo político se puede resolver por los votos, por una negociación o por una sentencia judicial. Si todas esas vías fracasan, suele prevalecer quien es capaz de imponerse por la fuerza.

Esa evidencia empieza a alarmar a los actores de la crisis institucional que se cocina desde hace seis años en Cataluña. El paso que dio ayer el frente separatista que gobierna la región dinamita cualquier ilusión de una solución dialogada y empuja hacia un terreno inquietante a una sociedad todavía en duelo por la masacre jihadista en La Rambla.

La ley que, entre gritos y denuncias opositoras, sancionó el Parlamento catalán significa una desconexión jurídica de España. Bajo el amparo de esa norma, el presidente Carles Puigdemont convoca un referéndum para el 1º de octubre con la intención de declarar la independencia inmediatamente después. El texto se arroga estar por encima de cualquier otra norma -incluida la Constitución- y ordena a las autoridades regionales a desconocer cualquier medida contraria a su aplicación.

Al gobierno de Mariano Rajoy el reto soberanista lo coloca donde nunca quiso estar. Ya no se trata de mostrar con qué armas jurídicas cuenta para detener el tren separatista. La pregunta es qué está dispuesto a hacer para forzar a que Puigdemont cumpla lo que los jueces vayan a decir. ¿Suspenderá la autonomía catalana? ¿Ordenará secuestrar las urnas que los nacionalistas dicen tener ya compradas para celebrar la votación? ¿Se atreverá a asumir el control de los Mossos d'Esquadra -la policía regional- para exigirles que ejecuten las sentencias contra el referéndum? Y si Puigdemont consigue que las fuerzas de seguridad propias le sean fieles, ¿pedirá actuar a la Guardia Civil?

Rajoy se mueve en un terreno minado y, fiel a sí mismo, esconde la jugada. Cualquier decisión drástica sobre Cataluña puede desatar una respuesta social que acabe por fortalecer al independentismo. Cerca de Puigdemont se entusiasman con la idea de una jugada violenta de La Moncloa. Fantasean con "hacer un Maidan", en referencia a la plaza de Kiev donde en 2013 estalló la batalla sangrienta que tumbó al régimen prorruso de Ucrania.

El dominio de la calle es la herramienta clave de los separatistas. Este lunes ejercitarán el músculo en la marcha por el Día Nacional, en la que esperan superar el millón de asistentes. No actuar -como hizo ante la consulta no vinculante de 2014- también conlleva riesgos para Madrid. La ley del referéndum faculta al Parlamento a declarar la independencia el 3 de octubre si gana el sí. Puigdemont y sus aliados lo harán si nadie los para antes.

El resultado de esa hipotética votación parece cantado. No porque exista una mayoría clara de catalanes que quieren romper con España. De hecho, las encuestas indican que son más quienes prefieren quedarse. Pero se descuenta que ellos no irán a votar en un referéndum sin garantías. La norma no exige un mínimo de participación y establece que el referéndum se gana por un voto de diferencia. Por eso, si hay urnas triunfará el sí.

Para Puigdemont tampoco sería fácil fundar la república prometida. ¿Qué país la reconocería? ¿Cómo haría para tomar el control del territorio, donde hay fuerzas de seguridad y militares españolas? ¿Con qué fondos pagaría los servicios básicos si su gobierno necesita de una constante financiación estatal?

El diálogo es por ahora imposible. No puede esperarse que España acepte que es un Estado divisible y se arriesgue a perder la región que concentra el 20% de su PBI. Tampoco los independentistas -que son muchísimos y no desaparecerán por arte de magia- renunciarán a sus ansias de soberanía y se conformarán con un nuevo pacto de autonomía. Todas las opciones anticipan días desastrosos.

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