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Rajoy ordenó una ofensiva judicial contra los catalanes que colaboren con el plebiscito

El gobierno pretende desactivar la maquinaria logística del referéndum independentista; intimaciones a funcionarios

Viernes 08 de septiembre de 2017
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Foto: Reuters / S.Vera

MADRID.- Mariano Rajoy no es un político aficionado a dramatizar. Más bien lo contrario. Pero ayer el presidente español eligió el tono más grave que se le recuerde para anunciar que hará "lo que sea necesario" para impedir que los independentistas catalanes celebren el referéndum de autodeterminación que convocaron para el 1º de octubre.

En ese "lo que sea" no descarta nada para mantener unida a España, ni siquiera el uso de la fuerza, aunque él evite decirlo con todas las letras. Por ahora su contragolpe se tradujo en una amplia ofensiva judicial con la que aspira a hacer inviable la votación separatista.

Su acción desencadenó anoche un fallo urgente del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió cautelarmente la ley sobre el referéndum aprobada anteayer por el Parlamento catalán. Lo mismo dispuso sobre el decreto de convocatoria firmado por el presidente regional, Carles Puigdemont.

Los jueces aceptaron también el reclamo del gobierno de notificar en persona a los 947 alcaldes de Cataluña, a 75 altos cargos de la Generalitat, a los jefes de los medios públicos y de la policía local (los Mossos d'Esquadra), y a directores de escuelas de la responsabilidad penal en que incurrirían si participaran de algún modo en la preparación del referéndum.

"Apuntamos a desactivar la logística de una votación ilegal", explicó una alta fuente de La Moncloa.

A Puigdemont se le añade un obstáculo inmenso en su hoja de ruta rupturista. Él y sus aliados siguen lanzados a desobedecer. Pero, ¿qué harán los funcionarios que deberían entregar los datos del censo? ¿Cómo harán para que abran los colegios electorales si los directores se exponen a duras sanciones penales y multas? ¿Cómo convencerá a los policías que deben controlar los comicios de desoír una orden judicial? Las sanciones podrían extenderse incluso a quienes les vendan urnas o impriman boletas.

La estrategia del ahogo apunta a evitar la ingrata imagen de una fuerza policial retirando urnas e impidiendo a la gente votar el domingo 1º. "Esta vez no van a ver a nadie votando", insisten en La Moncloa: no dejarán que ocurra lo de 2014, cuando se celebró una consulta no vinculante sobre la independencia a pesar de todos los fallos judiciales que se lo impedían.

En paralelo a la resolución del TC, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, presentó una querella penal contra Puigdemont y autoridades legislativas por delitos de prevaricación, desobediencia y malversación por haber aprobado el plan separatista en abierta contravención de lo dispuesto en varias ocasiones por la justicia.

La gran incógnita en la política española es si la munición judicial resultará suficiente para frenar a un bloque secesionista dispuesto a todo para cumplir su promesa de fundar una república catalana de aquí a un mes. Lejos de amedrentarse, los aliados de Puigdemont mantuvieron su reto en el Parlamento. Ayer avanzaron con el trámite de la ley de transitoriedad jurídica, que sería la norma suprema de Cataluña en caso de que la opción independentista triunfara en el hipotético referéndum.

"Ya puede nevar, tronar o hacer mucho viento. Nosotros vamos a hacer la elección del 1º de octubre", dijo ayer el ministro de Presidencia, Jordi Turull. Los independentistas se atienen a lo que dice la ley votada anteayer, que se presenta como un "régimen jurídico excepcional" que está por encima de cualquier otra norma y que exime a las autoridades catalanas de acatar órdenes que la pongan en cuestión.

Ese punto -una virtual declaración de independencia exprés- obligó a Rajoy a mostrarse inflexible. "Esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar en ningún caso", dijo en un discurso solemne que leyó desde el Palacio de la Moncloa.

En el párrafo más dramático, enfatizó: "No he dedicado tantos años a mi país como para permitir que se pueda liquidar de un plumazo nuestro modelo de convivencia. Eso no va a suceder y haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo".

Rajoy se aseguró antes el apoyo granítico del líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, así como el de Ciudadanos, Albert Rivera, la cuarta fuerza. Los tres saben que les esperan semanas de incertidumbre y máxima tensión.

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