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Dos causas y seis actores en la investigación por Santiago Maldonado

Son quienes están en contacto directo con la causa; tienen distintas posturas y pujan por influir en la investigación

Domingo 10 de septiembre de 2017
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LA NACION
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ESQUEL.- Un juez federal, una fiscal federal, una procuraduría especializada, una abogada que representa a la querella y organismos de derechos humanos son los actores que tienen acceso a los expedientes de las dos causas judiciales sobre el hecho que conmueve a la sociedad y tiene en alerta al gobierno nacional: la desaparición del tatuador Santiago Maldonado, ocurrida después de un operativo de desalojo de la Gendarmería Nacional en el predio ocupado por la comunidad mapuche en la estancia Leleque, en el departamento de Cushamen.

La desaparición de Maldonado, ocurrida el 1° de agosto, tiene dos expedientes: uno que está caratulado como desaparición forzada y el otro expediente judicial es el habeas corpus que se presentó en horas de la tarde del día del operativo de la Gendarmería Nacional.

El expediente caratulado "desaparición forzada" está delegado en la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila. La representante del Ministerio Público tiene la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), conducida por el experimentado Felix Crous.

Desde el jueves y hasta ayer, estuvo en Esquel el coordinador general de la Procuvin, Fernando Vallone. La procuraduría especializada ya había tenido participación en el expediente, al conseguir los testimonios de los mapuches que después declararon como testigos ante el juez federal de Esquel, Guido Otranto.

La Procuvin visitó a los integrantes de la comunidad Pu Lof en Resistencia en el predio de la estancia Leleque, porque la fiscal Ávila le encomendó tener contacto en el lugar del hecho con posibles testigos.

El organismo recomendó a la fiscal Ávila una serie de medidas, como los allanamientos en los escuadrones de Esquel y de El Bolsón de la Gendarmería Nacional. También colaboró en el análisis del material y la documentación secuestrada.

Según publicó LA NACION días atrás, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sugirió a la fiscal Ávila reformar su estructura interna. En el Ministerio Público están convencidos de que la fiscal y el juez actúan "en tándem", algo que -sostienen- perjudica el impulso de la causa.

Cuestionamientos

Cuando se estaba por cumplir un mes de la desaparición, la fiscal Ávila recibió duras críticas de la abogada Verónica Heredia, que en el expediente representa a la familia Maldonado.

"Todo lo que está haciendo la fiscal es demorar la causa y perder pruebas. Va a ser responsable de lo que en este momento no está haciendo y de que las pruebas se diluyan en el tiempo", afirmó Heredia a Radio 10.

A 39 días de la desaparición de Maldonado, el juez Otranto tendría decidido llamar a declaración testimonial a por lo menos 40 gendarmes. Sería a partir de pasado mañana, en la causa por el habeas corpus.

Los gendarmes deberán informar cada una de sus posiciones durante el ingreso de la fuerza al Lof y precisar quiénes avanzaron hasta la vera del río, el sitio exacto donde, según los investigadores, se pierde el rastro de Maldonado y donde por estas horas se busca al joven.

El quinto actor es el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presidido por el periodista Horacio Verbitsky. El organismo de derechos humanos es querellante en las causas por el habeas corpus y por la desaparición forzada. Es decir que tienen acceso al expediente y puede pedir medidas de prueba. Hasta el viernes estuvo en Esquel el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier.

Desde un primer momento, el CELS responsabilizó a la Gendarmería por la desaparición de Maldonado. El habeas corpus fue presentado pocas horas después del desalojo en la ruta 40.

El sexto actor es la Gendarmería Nacional, pero la fuerza no tiene acceso a ninguno de los dos expedientes. En el Ministerio de Seguridad, desde un primer momento, se indicó que no había pruebas para involucrar a gendarmes.

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