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Piden modificar la ley antidrogas para bajar el castigo a las "mulas"

Una importante proporción de las mujeres alojadas en las unidades del Servicio Penitenciario Federal quedó involucrada en investigaciones por narcotráfico

Domingo 10 de septiembre de 2017
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LA NACION
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Consideradas en muchos casos el eslabón más débil en la logística narco, las mujeres atrapadas como "mulas" al intentar transportar cargamentos de cocaína adheridos en sus cuerpos representan una proporción importante en la población femenina alojada en las prisiones del sistema penitenciario federal. El impacto real en la lucha antidrogas generado con el encierro de estas mujeres es puesto en debate en estos días tanto en ámbitos oficiales como en propuestas de organizaciones sociales.

"En la privación de la libertad, el género no cuenta. En algunos lugares de nuestro país, la condición sociocultural lleva a muchas mujeres a formar parte de organizaciones criminales que las explotan para la comercialización de las drogas, volviéndolas sumamente vulnerables a detenciones", indicó Francisco Mugnolo, titular de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), quien además insistió sobre la necesidad concretar una reforma que contemple la perspectiva de género, algo que, según él, nunca se hizo.

Para la Procuración Penitenciaria, el sistema carcelario está colapsado. Desde la década del 90, la población femenina en las prisiones ha ido en aumento de forma vertiginosa, un fenómeno que no sólo se verifica en el escenario nacional, sino que puede encontrarse en toda la región latinoamericana.

En las cárceles federales de mujeres se aloja, en forma prioritaria, población detenida por delitos vinculados con las drogas. Los datos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) arrojan resultados preocupantes: en 2017, del total de 852 mujeres detenidas, 517 están presas por infracción a la ley de estupefacientes, es decir, el 61% de la población total femenina.

Durante un encuentro entre la Procuración Penitenciaria de la Nación y varias organizaciones no gubernamentales se debatió la situación de las mujeres detenidas por delitos de droga, consideradas los eslabones más vulnerables dentro de las organizaciones de narcotráfico. Si bien la cantidad de mujeres alojadas en las cárceles federales no alcanza al 10% del total de internos, en los últimos años creció el encierro por causas vinculadas a las drogas.

Para la Procuración Penitenciaria se trata de una situación originada por "las políticas prohibicionistas" de drogas.

Para los especialistas que se reunieron el martes pasado para debatir las propuestas de la Procuración Penitenciaria, uno de los problemas fundamentales que se desprende de las estadísticas es que las causas no se encuentran desagregadas según el tipo de delito, sino que se agrupan todas en la gran categoría de "infracción a la ley 23.737".

Separación de roles

Esa norma fue aprobada en 1989 y engloba varios delitos relacionados con las drogas, como comercialización, distribución, almacenamiento, tenencia y transporte de estupefacientes. Una de las coincidencias expuestas por funcionarios y miembros de ONG es que no se logra dimensionar el fenómeno al no diferenciarse en escalas de delitos y actores, es decir, entre aquellos que se encargan del microtráfico y transporte, y aquellos que están en la cúspide de la organización criminal. Desde 1990 hasta 2015, la población penitenciaria femenina creció un 244%.

Según explicó Raquel Asensio, secretaria de la Defensoría General de la Nación, "fueron las políticas de guerra contra el narcotráfico las que llevaron a tantas mujeres a la cárcel".

Y agregó: "Hay que destacar que del total de las mujeres en prisiones federales, un 60% está allí por delitos de drogas, mientras que sólo un 30% de los hombres se encuentran alojados por el mismo delito".

Para Asensio, "no hay violencia en la conducta del delito; sin embargo, el régimen carcelario es excesivamente estricto, ya que las cárceles no fueron pensadas para las mujeres". Según la especialista, la persecución del eslabón más débil en la cadena del narcotráfico ha sido ineficiente. "Hay un marco legislativo desactualizado, que contiene escalas elevadas y que a su vez no permite una pena en suspenso".

Para las organizaciones no gubernamentales se debería empezar a distinguir el tipo de conducta que motiva el encarcelamiento y los roles que las mujeres cumplen en la cadena de tráfico. Por eso se pidió, durante el encuentro organizado por la Procuración Penitenciaria, una clara diferenciación entre los distintos delitos vinculados con las drogas.

Se afirmó también que existe un abuso de la prisión preventiva y una demora en las causas con mujeres detenidas. Entre 2008 y 2017, los registros del SPF muestran que la cantidad de mujeres procesadas es mayor que las condenadas. Por ejemplo, en 2016, un 72% de las reclusas habían sido procesadas, mientras que, en 2017, el número asciende a 74%.

Políticas en jaque

También participaron del evento representantes de movimientos feministas de Ecuador, Brasil y Uruguay; delegados de la Defensoría General de la Nación (DGN) y de la Asociación Pensamiento Penal. Todos coincidieron en que las políticas de lucha contra las drogas no han influido de forma significativa en el comercio de éstas, mientras que la corrupción y la delincuencia organizada siguen prosperando. Para la mayoría de los asistentes a ese encuentro, las políticas sobre drogas ilegales afectan de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, como las mujeres pobres, que a menudo entran en el tráfico por desesperación y falta de oportunidades.

Desde la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) también sumaron su voz al debate y recomendaron "tratar de promover políticas de minimización de daños".

En un diálogo con la nacion, la representante de WOLA en la zona Andina, Gimena Sánchez-Garzoli, sostuvo que se deben minimizar los daños punitivos contra aquellas personas que no han causado ofensas violentas y que se ubican en las escalas más bajas dentro de las organizaciones de narcotráfico.

"Quienes sufren las consecuencias del sistema son las mujeres que reciben penas largas, padecen la destrucción del vínculo materno-filial y no cuentan con representación legal", dijo la especialista.

Por esa razón, WOLA fomenta que se ataque a las organizaciones delictivas desde otra perspectiva, como, por ejemplo, las prácticas de lavado de dinero; se considera que al poner en jaque al eje financiero de los grupos narcos puede desmoronarse la cúpula de esas organizaciones.

La opción de la prisión domiciliaria

Argumentos frente a las posibilidades evaluadas por las autoridades

Francisco Mugnolo

Procurador penitenciario

"En algunos lugares de nuestro país, la condición sociocultural lleva a muchas mujeres a formar parte de organizaciones criminales que las explotan para la comercialización de las drogas, volviéndolas sumamente vulnerables para las detenciones"

A favor

Equilibrio de penas

Permite nivelar el castigo frente a casos de mujeres engañadas por redes narcos que fueron atrapadas con cargamentos de cocaína adheridos en sus cuerpos, en el rol de "mulas"

Plazas desbordadas

Frente a los problemas presentados por un sistema carcelario colapsado, sería útil derivar a más personas a los sistemas de vigilancia electrónica.

Responsabilidad familiar

En algunos casos las mujeres tienen responsabilidades como madres de menores y éstos son forzados a vivir también tras las rejas.

En contra

Rigurosidad procesal

El Código Procesal Penal no permite dividir los casos de contrabando o tráfico de drogas según el rol que el detenido hubiese tenido en la estructura de la organización criminal

Sin vivienda propia

Muchas de las mujeres conocidas como "mulas" son extranjeras capturadas en la frontera, por lo que no tienen un domicilio para cumplir la pena.

Vínculos criminales

Se conocieron situaciones en las que mujeres bajo arresto domiciliario organizaron la venta de droga minorista en sus barrios.

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