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Detener el referéndum no es tarea fácil para Rajoy

Martes 12 de septiembre de 2017
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BARCELONA.- "No van a ver gente votando." En el gobierno de Mariano Rajoy esa frase suena como un mantra, una promesa en la que el presidente se juega parte de su futuro político.

El gran dilema de Rajoy es que para cumplir su compromiso de impedir el referéndum soberanista que en tres semanas pretende celebrar el gobierno catalán, no le alcanza con probar que tiene de su lado la fuerza de la ley vigente: los secesionistas ya avisaron que no respetarán los fallos que consideran ilegal esa votación y que sacarán la gente a la calle para resistir cualquier ofensiva estatal.

El plan de Madrid pasa por desbaratar la logística de la consulta. "Se irá paso a paso. Sin sobreactuaciones", dijeron ayer en La Moncloa. El gobierno central analizó con términos duros la movilización de ayer en Barcelona. Denunció que el nacionalismo catalán "fue secuestrado por los radicales, lanzados a la desobediencia". El foco principal de su acción en estos días son los alcaldes catalanes, a los que advirtió por carta que podrían incurrir en delitos si colaboran con la organización del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC).

Más de 500 de los 974 jefes municipales apoyan el desafío del gobierno catalán. Pero la clave es lo que haga la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aliada de la izquierda alternativa de Podemos. Ella juega con la ambigüedad. Ayer dijo que hará "lo posible" para que en la capital se pueda votar, pero también que no se puede "dejar fuera a la mitad de los catalanes", en alusión a los no independentistas que desaprueban una consulta citada sin garantías.

El otro blanco de la jugada de Rajoy son los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana. El gobierno central espera que la justicia les ordene abstenerse de dar seguridad a la votación. Si lo cumplieran, desnudarían una debilidad decisiva del independentismo: la incapacidad de controlar el territorio. Además intiman a funcionarios de la Generalitat de distintos niveles, bajo la amenaza de duras sanciones penales. El objetivo es que el desafío fracase sin necesidad de tomar medidas drásticas que puedan afectar la imagen internacional de España. Rajoy dijo ya que no renuncia "a nada" para parar el referéndum, pero pagaría un costo demasiado alto si para eso tiene que ordenar que la policía cierre los colegios el día de la votación o suspender la autonomía catalana. Como se insinuó ayer, eso desataría además una férrea reacción callejera.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, especula con que conseguirá llegar al día D sin que Rajoy se atreva a frenarlo. La ley que amparó el referéndum se declara superior a todas las normas vigentes y dispone que si la opción separatista triunfa se declarará de inmediato la independencia. Sin importar cuánta gente fuera a votar.

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