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Condenas que se cumplen, justicia que se aplica

Martes 12 de septiembre de 2017
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No debiera ser una novedad que se apliquen multas a quienes cometen faltas y, menos aún, que esas multas se paguen. Sin embargo, por lo inusual que resultan esos casos, la reciente decisión judicial de condenar a pagar 75.000 pesos de penalidad a empresas de taxis que cortaron calles para protestar contra Uber, merece ser destacada y aplaudida.

El fiscal de Cámara Martín Lapadú, en juicios abreviados, acordó dichas multas con seis de las empresas propietarias de taxis en la Capital, y el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 28, a cargo de María Julia Correa, homologó esos convenios.

La causa había sido iniciada por la Fiscalía General de la Ciudad, junto con el Centro de Monitoreo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho que derivó en la condena había ocurrido entre el 12 de abril y el 4 de mayo del año pasado, cuando comenzó a operar Uber en el distrito. En rechazo de ese nuevo servicio mundialmente extendido, centenares de taxistas protestaron cortando las calles de la ciudad, incluido el paso del Metrobús. La condena aplicada fue por violar el Código Contravencional porteño, que establece castigos para quienes afecten el desarrollo de un servicio público, como es el de colectivos, y corten calles sin autorización.

Las pruebas presentadas por las autoridades ante la Justicia incluyen videos en los que puede identificarse a unos mil taxis participando de aquellos piquetes.

Habitualmente, esas causas quedan en la nada, casi nunca terminan en condenas. De allí que la que ahora se impuso importe un avance. No obstante ello, habrá que repensar los montos de las penas, endureciéndolos para que realmente signifiquen una verdadera disuasión. Los 75.000 pesos a los que arribó la Justicia representan el máximo de lo que se puede cobrar hoy conforme las leyes vigentes, una suma que empresas como las de taxis no tienen dificultad en abonar.

En esta oportunidad, las asociaciones de taxistas reconocieron su responsabilidad en el hecho y el fallo en su contra quedará como antecedente durante dos años, de modo de que si, en ese plazo volvieran a cortar las calles, las sanciones aumentarán.

Cabe recordar que, en otra oportunidad, Omar Viviani, líder del Sindicato de Peones de Taxis (que no fue multado en esta ocasión), debió realizar tareas comunitarias por haber cortado el tránsito y tirar huevos en los alrededores del Hotel Sheraton de Retiro. Debió conceder una serie de viajes gratuitos a jubilados. Con anterioridad, representantes de la Uocra paralizaron varios puntos de la ciudad y se los condenó a pintar escuelas y a dar cursos sin costo alguno sobre seguridad en la construcción.

Se trata, en todos los casos, de penas realmente muy exiguas para quienes, ejerciendo de manera incorrecta su derecho a la protesta, coartan numerosos legítimos derechos de otros ciudadanos, entre ellos, el de circular libremente, el de trabajar y el de atender su salud, actividades, entre otras tantas que podríamos citar, que se ven enormemente perjudicadas cada vez que un piquete se apodera de la ciudad.

Es de esperar que los legisladores tomen nota de las falencias del Código Contravencional y lo adecuen a los momentos que se viven, de modo que fiscales y jueces puedan seguir condenando estos atropellos, pero con penas acordes, que no sean vistas, prácticamente, como una invitación a seguir cometiéndolos.

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