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Un expediente con pruebas de corrupción que saltan a la vista

Martes 12 de septiembre de 2017
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A Julio De Vido le bastaría una medida judicial para que prácticamente no se pueda escribir sobre su actualidad. Si enfocara su defensa judicial en lograr que un juez decida que no se puede escribir el vocablo "indagatoria" en las notas en las que se mencione al ex ministro, probablemente no habría posibilidad de escribir sobre él.

Esta vez le tocó la causa de Río Turbio, pero hay varias más en las que se lo espera en el banquillo. En el expediente donde se repasa lo que pasó en el yacimiento de carbón estaban acumulados centenares de pruebas, documentos, contratos y facturas. Pero al juez Luis Rodríguez no le alcanzaron hace dos meses, cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió que se citara a De Vido a indagatoria, que se lo detuviera y, obviamente, que se le quitaran los fueros. Sesenta días después, la Cámara Federal contrapuso su visión a aquella decisión del magistrado y decidió la indagatoria y la prohibición de salir del país. Lejos de Comodoro Py, en Río Turbio las pruebas contra De Vido y varios de sus más estrechos colaboradores, entre ellos el ahora asustado y apremiado Roberto Baratta, su mano derecha, se acumulaban en cuanto escritorio el juez hubiese querido hurgar. LA NACION viajó al Sur por cinco días (se emitió un especial de LN+) y los documentos sobre la triangulación de dinero a través de la Regional Río Gallegos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) estaban a tiro de cronista, de mucho menos alcance, por cierto, que el de un juez federal. Millones se fueron por ese canal con sobreprecios y comisiones. El Gobierno ya no hablará más de lo que pasó en Río Turbio. Tomó una decisión. "Del pasado se ocupará la Justicia con los elementos que ya se entregaron al expediente y con lo que aparezca más adelante. En el futuro, vamos a completar la usina para que consuma el carbón que se extraiga por el nivel de dinero que ya se puso allí. Es difícil, pero creemos que se puede lograr una disminución del subsidio que tiene la empresa", dijo una alta fuente del Gobierno. Además de la viabilidad o no de la cuenca carbonífera, De Vido deberá explicar por qué pagaban 10% de comisión a todas las compras que tenían que hacer desde el yacimiento y se derivaban a la UTN de Santa Cruz. Si lo logra, el juez le podrá preguntar para qué contrataban, y pagaban otro 10% de comisión, a la Fundación Río Gallegos para que comprara lo que debía adquirir la UTN. Aun si puede convencerlo, el juez tiene en su expediente relatos de proveedores. Una ayuda más: uno de ellos contó que presupuestó $ 52 millones por unas perforaciones y estudios de rocas. La facultad facturó 87,9 millones, un 68% de sobreprecio.

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