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Inauguran un centro de monitoreo para controlar las prisiones domiciliarias

El sistema permitirá seguir por GPS el traslado de detenidos y también vigilar que las personas con restricciones por violencia de género no se acerquen a sus víctimas

Miércoles 13 de septiembre de 2017
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LA NACION
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Operadores del nuevo centro de monitoreo
Operadores del nuevo centro de monitoreo. Foto: Prensa Gobernación

Para el primer cumpleaños de la reforma del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), la gobernadora María Eugenia Vidal tiene listo su "regalo": hoy pondrá en marcha el nuevo Centro Integral de Monitoreo que permitirá, a través de múltiples estaciones de trabajo, seguir por GPS la ruta de los móviles que trasladan a detenidos, controlar las tobilleras y pulseras electrónicas de los 1560 presos que hoy cuentan con prisión domiciliaria, y vigilar que las personas a las que la Justicia les haya impuesto exclusiones perimetrales por violencia de género no se acerquen a sus potenciales víctimas.

El sistema también prevé el control intra y extramuros de las unidades penales con cámaras de seguridad; comenzará hoy con las cárceles de La Plata, seguirá en los próximos meses con otras 21 y concluirá en el primer trimestre de 2018 con los 55 establecimientos penitenciarios de la provincia.

La iniciativa prevé aportar más seguridad y control en la gestión carcelaria, tanto en el uso de los recursos como en el movimiento de reclusos y de personal. Y se espera que la optimización en el monitoreo a través de pulseras y tobilleras electrónicas contribuya a disminuir la presión en el atestado sistema carcelario provincial. Con la decisión inamovible de encarcelar a quienes cometan delitos, y a sabiendas de que cualquier plan de construcción de cárceles y adición de plazas se quedará indefectiblemente "corto" ante la creciente tasa de prisionalización, el objetivo del gobierno de Vidal será promover las detenciones domiciliarias en los casos que lo permitan.

De hecho, el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, pidió al juez de Casación Mariano Borinsky, que preside la comisión de reforma del Código Penal, que admita entre los actuales presupuestos de prisión domiciliaria -mayores de 70 años, personas con problemas de salud graves, mujeres embarazadas o madres de niños menores de 5 años- a los procesados y condenados por delitos con penas de hasta un año de prisión efectiva (por ejemplo, hurtos) y a quienes les reste un año de sentencia. Quedarán taxativamente afuera los delitos graves.

"El 37% de la población alojada en alcaidías y cárceles pasa menos de un año dentro del sistema penitenciario, sea como procesados o como condenados. Eso impide realizar con ellos cualquier trabajo tendiente a la resocialización, sea por medio de talleres laborales o estudio. Por eso creemos que la prisión domiciliaria con monitoreo a través de pulseras o tobilleras electrónicas es una alternativa a la detención", dijo Ferrari.

"Nuestra gestión puso en la agenda pública, como nunca antes, el tema carcelario. Por eso pusimos en marcha hace un año la reforma del SPB. Para nosotros, el sistema penitenciario es una de las cuatro patas en las que se basa nuestra política de seguridad, junto con la Justicia, la policía y la acción, y ayuda social", dijo Vidal a LA NACION.

El Centro Integral de Monitoreo fue montado en un edificio en 39 entre 6 y 7, en el centro de La Plata. Cuenta con 18 estaciones o puestos de trabajo desde los cuales se pueden controlar tanto la videovigilancia de unidades como las prisiones domiciliarias, y un videowall compuesto por 32 pantallas LCD de 50 pulgadas. Contará con 44 operadores distribuidos en tres turnos.

El sistema permite el control de las pulseras duales para casos de violencia de género. Llevan una la denunciante y otra el denunciado, y la alarma se dispara cuando se acorta la distancia de exclusión prefijada, lo que posibilita una reacción más temprana que con el botón antipánico.

Actualmente hay en el SPB 37.552 reclusos; desde diciembre se sumaron 3862 nuevos presos. Hay 3030 en comisarías y 1560 con tobilleras electrónicas. El 46% de la población carcelaria tiene entre 18 y 29 años, y el 91% no terminó el secundario. Actualmente se les da educación o formación profesional a 20.000 internos con 200 cursos y 261 talleres.

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