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La justicia española amenaza con la cárcel a 712 alcaldes catalanes que apoyan la consulta

La fiscalía general los citó como imputados por colaborar con el referéndum separatista; por primera vez el rey Felipe VI se refirió al conflicto

Jueves 14 de septiembre de 2017
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Puigdemont, el líder catalán que desafía la unidad de España, durante la Diada
Puigdemont, el líder catalán que desafía la unidad de España, durante la Diada. Foto: AFP / Lluis Gene

MADRID.- La justicia española empezó ayer a jugar fuerte y sin titubeos para impedir el referéndum independentista que convocó el gobierno de Cataluña para el 1º de octubre.

En una directiva sin precedente, la Fiscalía General del Estado ordenó citar como imputados a 712 alcaldes que declararon su intención de colaborar en la organización de la consulta soberanista, que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió por considerarla ilegal. Quienes se nieguen a comparecer para declarar serán detenidos y llevados a los tribunales por la fuerza pública.

La medida firmada por el fiscal general José Manuel Maza, figura de confianza del presidente Mariano Rajoy, desató indignación en las filas del independentismo, donde empiezan a asumir que el Estado hará uso de toda su potencia para detener la rebelión secesionista.

Los fiscales investigan delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos vinculados con el intento de seguir adelante con el referéndum pese a la clara impugnación judicial.

Otro mensaje político llegó en simultáneo. El rey Felipe VI habló en público por primera vez desde que el gobierno catalán consumó su desafío a la legalidad española. "La Constitución prevalecerá frente a quienes quiebran la convivencia", dijo.

Maza y los fiscales a su cargo están actuando el papel que espera Rajoy y, en cierta medida, la casa real: presionar con toda la fuerza de la ley a todos quienes participen de la preparación del referéndum que Puigdemont imagina como inmediato paso previo a la declaración de independencia de Cataluña.

Ayer mismo, otro magistrado disponía el cierre de la Web institucional de promoción de la consulta soberanista (www.referendum.cat). La Guardia Civil se apersonó con la orden en la empresa que gestiona la página, que cumplió sin rechistar. El gobierno catalán abrió otro dominio a las dos horas. Del mismo modo avanzan pesquisas para identificar dónde tiene Puigdemont las 6000 urnas que dice haber adquirido y en qué imprentas se están fabricando las boletas con la pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?"

La fiscalía le transmitió a la policía autonómica -los Mossos d'Esquadra- la directiva de investigar los preparativos. Y también definió que sea esa fuerza, que depende políticamente del presidente regional, Carles Puigdemont, la que detenga a los alcaldes que se nieguen a comparecer ante la justicia.

Muchos de esos jefes municipales se habían fotografiado triturando una orden judicial anterior que les advirtió que no podían promocionar el referéndum ni ceder locales comunales como centros de votación.

La Asociación Catalana de Municipios (ACM) decidió ayer que los 712 alcaldes imputados se manifestarán el sábado frente al palacio de gobierno de Cataluña, en Barcelona, en apoyo a la consulta.

Serán días delicados. En Madrid quieren mostrar firmeza, pero tampoco desean una detención en masa de cargos electos. Sería una imagen que le haría un flaco favor a Rajoy en su intento de demostrar al mundo que en la región más próspera de España está en marcha una suerte de golpe autoritario.

La fiscalía considera que la ilegalidad del referéndum es tan notoria que los funcionarios que asistan a su celebración estarían incurriendo en "la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico". Y eso podría acarrearles imputaciones en delitos penados con multas, inhabilitación y hasta cárcel.

Entre los alcaldes apercibidos no figura Ada Colau, de Barcelona. Ella hasta ahora juega ambiguamente: dice que quiere permitir que los catalanes voten, pero que no tomará medidas contrarias a la ley. El escrito del fiscal puede ser leído como una advertencia para ella: el referéndum tendrá pocas opciones de salir adelante si Barcelona -donde vive el 20% del padrón catalán- lo boicotea.

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