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Buscan agravar las penas por agresiones a embarazadas, médicos, docentes y jubilados

El proyecto aprobado ayer por unanimidad y girado al Senado aumenta en un tercio el castigo por esos delitos; también se votó la tipificación de las intimidaciones o trato soez contra mujeres

Jueves 14 de septiembre de 2017
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LA NACION

La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado un proyecto que propone agravar en un tercio las penas mínimas y máximas previstas por las agresiones y los delitos cometidos contra personal docente y médico, menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y embarazadas.

En la misma sesión, la Cámara baja dio media sanción a otra iniciativa que tipifica y sanciona el acoso callejero contra mujeres.

Fue un trámite expeditivo: ambos proyectos se aprobaron por unanimidad y sin necesidad de debate parlamentario.

La primera de las iniciativas tiene como objetivo elevar las penas cuando los delitos contra la vida, la integridad sexual y la libertad, y robos, extorsiones, estafas y otras defraudaciones sean cometidos contra personas en situación de vulnerabilidad expresamente establecida: mujeres embarazadas; personas mayores de 70 años o menores de 18, y personas discapacitadas o enfermas que no puedan valerse por sí mismas.

También se incluye al personal de la salud y de la educación que sufriera una agresión en el ámbito de sus funciones o fuera de ella, siempre y cuando guarde relación directa con su labor profesional.

El objetivo del proyecto, consensuado entre los bloques políticos, es sancionar con mayor rigor a quienes delinquen aprovechándose de que la víctima tiene muy limitada su capacidad para defenderse. Los jubilados y las personas de avanzada edad son blancos predilectos de los llamados "cuentos del tío", y muchas veces son reducidos o sometidos en sus casas con extrema violencia.

En cuanto a los docentes, los legisladores tuvieron especialmente en cuenta las continuas agresiones a las que son sometidos dentro y fuera del lugar donde dan clases, al igual que les sucede a los profesionales médicos y no médicos en los centros asistenciales.

"Con estas nuevas medidas hacemos propios los reclamos de la sociedad y los hemos materializado en esta propuesta que obtuvo media sanción", expresó la diputada jujeña Gabriela Burgos (UCR-Cambiemos), presidenta de la Comisión de Legislación Penal. La legisladora exaltó el espíritu de diálogo de los distintos sectores políticos que permitió aunar en un proyecto común más de 15 iniciativas individuales.

La violencia contra docentes y médicos se convirtió en un hecho recurrente en distintos puntos del país. En Buenos Aires, un informe realizado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) dio cuenta el año pasado de que cada día un docente es víctima de agresiones verbales en la provincia, mientras que se registran semanalmente entre dos y tres episodios de violencia física contra los educadores.

Ante esta situación, la Legislatura bonaerense sancionó el año pasado una ley por la cual se castiga, en el ámbito de la provincia, con arresto o multas que van de los 6000 a 15.000 pesos a quienes cometan ataques verbales o físicos contra los docentes, dependiendo de la gravedad de los hechos.

En la Legislatura porteña, en tanto, se avanzó con una ley similar en agosto pasado. En efecto, la norma aprobada modificó el artículo 53 del Código Contravencional, con lo que se duplicaron las sanciones (arrestos, multas y trabajo comunitario) cuando la víctima de la agresión sea un trabajador de la educación o de la salud.

Cuestión de género

La Cámara baja también aprobó una iniciativa que tipifica, en el contexto de la ley para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, el acoso callejero. Según se detalla en el proyecto, este tipo de violencia es la que ejercen una o más personas "en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales" por medio de "conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia, o generen un ambiente hostil u ofensivo".

Además se establece que el Instituto Nacional de la Mujer (que reemplazó al Consejo a partir de un reciente decreto presidencial) deberá crear una línea telefónica gratuita, articulada con las provincias, para dar contención, información y asistencia a las víctimas.

Por último, el proyecto aprobado ayer insta a las fuerzas policiales y de seguridad a "actuar en protección" de las mujeres que sean víctimas del acoso callejero.

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