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El acuerdo por la ley de responsabilidad fiscal

El convenio entre el Gobierno y 22 provincias es un avance, pero debe incluir cambios que corrijan acciones poco responsables de muchos distritos

Viernes 15 de septiembre de 2017
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El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, presentó ayer ante el Senado el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, una herramienta que nació deel consenso y el diálogo entre la Nación y las provincias. El objetivo es lograr más eficacia en contener el aumento del gasto público provincial, ya que, a pesar de la vigencia en los últimos 11 años de esa ley, ese propósito no fue logrado. Por el contrario, entre 2005 y 2015 se verificó un crecimiento desmedido del gasto provincial. Actualmente, a pesar de haberse aumentado a niveles insostenibles el impuesto provincial a los ingresos brutos y normalizado las transferencias de coparticipación, subsiste un déficit fiscal en el conjunto de los distritos que suma alrededor de un 1% del PBI.

Entre los cambios, se propone ahora que en ningún caso el gasto corriente primario de los gobiernos provinciales podrá tener un aumento superior al de la inflación registrada entre uno y otro ejercicio. Esto debe leerse como un congelamiento del gasto en moneda constante, esperando que se produzca su licuación en la medida en que crezca la economía. En el caso de provincias con déficit fiscal o con servicios de deuda superiores al 15% de los recursos corrientes, aquel límite se aplicará también al gasto total, incluyendo las inversiones. Otro cambio acordado es el de no aumentar la dotación de empleados públicos a un ritmo superior al del crecimiento de la población provincial. Estas enmiendas son muy poco ambiciosas si se tiene en cuenta que entre 2003 y 2016 el gasto provincial subió en cuatro puntos del producto bruto y que el empleo estatal casi se duplicó. Hay espacio suficiente para proponer reducciones, aunque se obtengan en plazos prolongados. Aspirar sólo a un mantenimiento de las proporciones que implican de todas maneras aumentos nominales parece una propuesta liviana.

Los gobiernos provinciales, y también el nacional, se comprometen ahora a no aumentar la presión impositiva nominal o legal; en particular, la referida a los gravámenes sobre el trabajo, la producción y el financiamiento. Nuevamente, deberían proponerse reducciones y no el mero mantenimiento de niveles impositivos que hoy son confiscatorios. Salvando esto, encontramos positiva la decisión de crear fondos anticíclicos para afrontar recesiones o emergencias. Otro punto ponderable del acuerdo es el de restringir el crecimiento del gasto durante los últimos seis meses del mandato. Es una sana disposición contra las píldoras envenenadas que suelen dejarse a un sucesor.

El acuerdo establece sólo penalidades de tipo institucional y financiero por el incumplimiento de algún gobierno provincial. Algunas de ellas son presumiblemente inefectivas, como la divulgación del incumplimiento o la restricción del derecho de voto en el órgano federal. Otras son de dudosa ejecución, según lo demuestra la experiencia en el caso de la negación de avales o la suspensión total de transferencias cuando la falta de solvencia financiera de una provincia tiene repercusiones sociales que no pueden ser desatendidas por el gobierno nacional.

A diferencia de la ley de responsabilidad fiscal de Brasil, la vigente en nuestro país no prevé penalidades personales sobre los funcionarios responsables de un incumplimiento. El nuevo acuerdo no innova sobre este punto. En Brasil se establecen penas de tres meses a cuatro años de prisión, multas del 30% en los salarios anuales e inhabilitación por cinco años para el ejercicio de cargos públicos. Distintos habrían sido los resultados en la Argentina si los funcionarios hubieran tenido que enfrentar estas consecuencias.

La reducción del gasto estatal es hoy un imperativo. El ritmo de crecimiento de la deuda pública constituye un serio llamado de alerta. El acuerdo sobre modificaciones en la ley de responsabilidad fiscal es un intento en el buen sentido, que procura dar un mensaje de solvencia en la Argentina, pero no parece tener la fuerza necesaria ni propone cambios suficientes para corregir los comportamientos poco responsables de la mayoría de los gobiernos provinciales.

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