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El reto de elevar la graduación

Viernes 15 de septiembre de 2017
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El número de estudiantes de educación superior en la Argentina, en relación con la población de 20 a 24 años, se asemeja al valor promedio de los países industrializados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Si bien es una muy buena noticia, resulta preocupante que la proporción de graduados con educación superior en la población adulta argentina sea apenas la mitad que en estos países. Es prioritario entonces que tanto el Gobierno como las universidades argentinas aúnen sus esfuerzos en pos de políticas que promuevan el aumento de los egresados.

Detrás del bajo nivel de graduación se esconde el abandono de los estudios, especialmente durante el primer año. El desgranamiento es mayor entre los estudiantes de los estratos socioeconómicos bajos y medio-bajos, con menor capital cultural y formación académica previa, y primera generación con acceso a la universidad en la familia.

En los países industrializados, las políticas encaminadas a mejorar la graduación universitaria se han centrado, por un lado, en promover la generación de información para facilitar la formulación de diagnósticos más precisos. Por el otro, los gobiernos han asignado recursos financieros a las instituciones en apoyo de estrategias pedagógicas y organizacionales de mejora de las tasas de retención y graduación, brindando además ayuda económica a los estudiantes de menores recursos.

Para formular políticas y asignar fondos correctamente, la Argentina necesita construir indicadores periódicos sobre retención y graduación según carrera e institución universitaria, a partir del seguimiento de un grupo de ingresantes a lo largo de su trayectoria académica. Esta información puede ser además de utilidad para los procesos de acreditación de las carreras de grado y la evaluación que conduce la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), junto con otras dimensiones que en estos casos se evalúan a fin de resguardar la calidad de la formación académica y profesional.

En el plano de los recursos financieros, en la última década el gobierno nacional ha otorgado fondos públicos a las universidades nacionales para financiar programas especiales de mejora de la calidad y becas para los estudiantes de menores recursos, con el objetivo de favorecer el aumento de la retención y la graduación universitaria. Resta evaluar estos programas de tutorías, capacitación docente y becas a los estudiantes, para determinar en qué medida impactaron positivamente sobre este objetivo. Esta evaluación permitirá introducir mejoras en estas políticas orientadas a potenciar el rendimiento académico y la inclusión social.

La elevación de la tasa de graduación universitaria ha sido también uno de los objetivos prioritarios a alcanzar en varios países europeos, en el marco de la asignación de fondos de los gobiernos a las universidades a través de los "contratos-programa". El contrato-programa es un acuerdo que se celebra entre el gobierno y la institución, en el cual la universidad detalla cuáles son los objetivos estratégicos que espera lograr en un plazo de tiempo, entre tres y cuatro años, y el gobierno le otorga fondos para alcanzarlos. La implementación de esta política en la Argentina podría facilitar la formulación, por parte de cada universidad, de un plan institucional integral para elevar la graduación, incorporando innovaciones en las estrategias pedagógicas, curriculares y organizacionales.

En suma, la acción del Estado produciendo información, garantizando la calidad vía procesos de evaluación y otorgando fondos a las instituciones y a los estudiantes puede contribuir a ampliar el conocimiento y los recursos para que la comunidad universitaria argentina asuma un desafío esencial: llevar a cabo las políticas institucionales necesarias para elevar la cantidad de graduados y la calidad de su formación en un marco de inclusión social.

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