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Cristina y De Vido, al borde del juicio oral por la obra pública para Lázaro Báez

La Cámara Federal la consideró a la ex presidenta la cabeza de una "asociación ilícita" que entregaba obras a cambio de sobornos; también confirmó el procesamiento del ex ministro y de José López

Viernes 15 de septiembre de 2017
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LA NACION
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La causa en la que se investiga si existió una asociación ilícita para desviar millonarios fondos de obra pública en favor de Lázaro Báez está en las puertas del juicio oral. Con un fallo lapidario, la Cámara Federal confirmó ayer los procesamientos de Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y otros ex funcionarios de Vialidad, y requirió celeridad para concluir la investigación.

Se trata del caso "madre" de la corrupción kirchnerista, porque investiga el mecanismo por el cual se entregaron a Báez 52 contratos viales por más de $ 40.000 millones, a través de licitaciones y pagos irregulares. Para los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, este mecanismo sería "la primera etapa" de una segunda maniobra donde se registraron retornos a los Kirchner a través del alquiler de hoteles e inmuebles. Esos hechos se investigan en los casos Hotesur y Los Sauces.

"El propósito fue obtener dinero atesorado por el Estado nacional. La obra pública se constituyó en el medio propicio y la estructura montada por quienes detentaban las posiciones más altas de la administración pública conformó el mecanismo idóneo para tal fin", señaló Ballestero en sus fundamentos.

La Cámara consideró que Cristina fue la cabeza de una "banda". A ella, a De Vido (ex ministro de Planificación) y a López (ex secretario de Obras Públicas) los consideró "coautores del delito de asociación ilícita y de administración en perjuicio de una administración pública", y confirmó los embargos por $ 10.000 millones.

Los camaristas confirmaron además los procesamientos por esos delitos de Báez, del ex director de Vialidad Nacional Néstor Periotti y del ex secretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner (primo del ex presidente).

El fallo también alcanzó a otros seis funcionarios de menor rango de Vialidad de Santa Cruz como partícipes necesarios de administración fraudulenta agravada. Y determinó el procesamiento del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, a pesar de que el juez del caso, Julián Ercolini, había dictado falta de mérito.

Según pudo conocer la nacion, se espera que el fiscal del caso requiera la elevación a juicio con premura, antes de fines de octubre, una fecha que estará convulsionada por las elecciones legislativas.

Por el curso que tomaron las otras causas de la matriz kirchnerista, no se descarta que Cristina Kirchner enfrente a futuro un megajuicio en el que confluyan también los casos Hotesur y Los Sauces, donde se investigan retornos y lavado. El fallo de ayer fue un paso crucial.

En su escrito, los camaristas consignaron que los expedientes de obra pública en los que intervinieron las empresas de Báez "estuvieron signados por numerosas irregularidades". Señalaron la concurrencia de distintas firmas del empresario a una misma licitación, la adjudicación de obras por encima de la capacidad técnica de las empresas y la infracción a los contratos.

"Por un lado, la matriz delictiva se instrumentó a través de una estructura administrativa jerarquizada. Por el otro ha sido constatada la relación personal -y de negocios- del empresario con las máximas autoridades del Poder Ejecutivo", resaltó Bruglia en sus fundamentos. Aludió a "la extraordinaria evolución patrimonial de Báez" a pesar de que comenzó en el negocio de la obra pública cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia.

Los camaristas indicaron que Cristina Kirchner y De Vido "no podían en modo alguno aducir lejanía o desconocimiento de los hechos", como argumentaron sus defensas. Y fueron más allá. "La ex presidenta habría tenido un marcado interés en asegurar la maniobra defraudatoria. Una parte de los beneficios ilícitamente obtenidos por Báez habría ingresado luego a su patrimonio", señaló el escrito.

El fallo argumentó que los hechos deben encuadrarse bajo una asociación ilícita por "la permanencia de la estructura y la indeterminación de los delitos a cometer".

"Es dable inferir la concertación de un pacto entre Báez y el ex presidente Kirchner con el propósito de apoderarse de los fondos nacionales", remarcaron los jueces en su duro escrito.

Agregaron que de la maniobra "atravesó distintos estamentos de la administración nacional" que abarcó al Ministerio de Planificación y Vialidad nacional y provincial.

Los camaristas explicitaron en su fallo que Ercolini, "en atención al tiempo que lleva tramitando la causa", deberá "imprimir debida premura a las etapas procesales pendientes" y elevar a juicio.

Se trata de un paso clave que podría llegar antes de fin de año.

El fallo de la Cámara

Contratos irregulares

Los camaristas consignaron que las obras públicas en las que intervinieron las empresas de Báez "estuvieron signados por numerosas irregularidades". Señalaron la concurrencia de distintas firmas del empresario a una misma licitación y la infracción a los contratos

El delito

"La matriz delictiva se instrumentó a través de una estructura administrativa jerarquizada y ha sido constatada la relación personal y de negocios del empresario con los ex presidentes", señaló el fallo

Jefa de la banda

El fallo ubicó a Cristina Kirchner en la punta de la asociación. "Habría tenido un marcado interés en asegurar la maniobra. Una parte de los beneficios obtenidos por Báez habría ingresado a su patrimonio", señaló

Asociación ilícita

Los jueces resaltaron "la permanencia de la estructura y la indeterminación de los delitos a cometer"

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