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Rajoy se endurece e interviene las cuentas de Cataluña

Cortó el financiamiento automático del gobierno de Puigdemont para garantizar que "ni un solo euro" del Estado se use en el referéndum separatista

Sábado 16 de septiembre de 2017
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MADRID.- El presidente Mariano Rajoy sacó la artillería pesada para frenar al independentismo. En una medida sin precedente en 40 años de democracia, el gobierno central decidió ayer cortar la financiación estatal automática de Cataluña y asumir el control de los pagos de servicios de esa comunidad.

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Lo hace con un objetivo explícito: garantizar que "ni un solo euro" de dinero público pueda emplearse en la organización del referéndum de autodeterminación que el presidente regional, Carles Puigdemont, convocó para el 1º de octubre, en abierto desafío a la legalidad española.

Desde hoy, la Generalitat catalana tendrá que pasar por un engorroso -y para ellos humillante- trámite a la hora de cumplir con los proveedores y empleados públicos. Deberán comunicar al Ministerio de Hacienda las órdenes de pago. Ese organismo las evaluará y las abonará de manera directa con cargo a los fondos de financiación autonómica que tiene asignados Cataluña en el presupuesto.

La resolución fue adoptada por el Consejo de Ministros y anunciada por el jefe de la Hacienda pública, Cristóbal Montoro. El texto incluye la orden a Puigdemont de abstenerse de ejecutar su presupuesto. Le advierte que si no comunica en 48 horas su voluntad de acatar, el gobierno central dispondrá la intervención total de sus cuentas.

Cuando faltan 15 días para el pretendido referéndum, la jugada de Rajoy significa una seria amenaza para los independentistas, conjurados en su voluntad de ignorar las sentencias judiciales que les impiden seguir adelante con la consulta soberanista.

A Cataluña le corresponden 1400 millones de euros mensuales del fondo de financiación autonómica que distribuye Madrid. Ese dinero resulta vital para sostener la sanidad pública, la educación, la administración regional y otros servicios esenciales. Fuera de esos giros, el gobierno de Puigdemont apenas recauda unos 250 millones de euros.

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En abril, Montoro ya había dispuesto que Cataluña le informara semana a semana en qué gastaba las partidas estatales. El jueves, el vicepresidente regional y consejero de Economía, Oriol Junqueras, le avisó por carta que no cumpliría más esa directiva. El contraataque fue fulminante. "Lo que hacemos es garantizar que los pagos no van a ninguna actividad ilegal, como sería la organización de un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional", dijo Montoro.

Indignadísimo, Puigdemont respondió anoche en un acto de la campaña por el sí. "Han decretado un estado de excepción encubierto que ni siquiera tienen el coraje de llamar por su nombre", denunció. Quiso dejar en claro que no se rendirá: "Están perdiendo el norte y van a perder el nordeste", en alusión a la ubicación de Cataluña en España.

La Generalitat prepara una demanda ante tribunales europeos para recuperar el control de los recursos. Pero en los hechos Puigdemont medita muy bien cómo actuar ante el ultimátum de Rajoy. La intervención total de las cuentas catalanas, que arrancaría el lunes si él no se allana a dar explicaciones a Madrid de cada factura que le toque pagar, podría forzar el fracaso del referéndum.

El asedio del gobierno central empieza a sentirse. Al ahogo financiero se suma la ofensiva judicial que tiene bajo amenaza de procesamientos por delitos graves a los integrantes del gobierno regional y a 712 alcaldes favorables a la independencia.

Además, las fuerzas de seguridad recorren Cataluña en busca de materiales destinados a la organización de la consulta. Ayer, la Guardia Civil incautó 100.000 carteles de propaganda, mientras sigue buscando las urnas y las boletas para votar.

Pese a todo, las autoridades catalanas mantienen invariable su argumento: sólo respetarán directivas de su propio Parlamento, como disponen las cuestionadas leyes de ruptura que aprobaron hace 10 días para dar sustento al referéndum.

Lo que no esperaban era la firmeza que está mostrando Rajoy. La norma anunciada ayer incluye una directiva a los bancos para que informen de cualquier movimiento sospechoso de vinculación con la organización de la consulta catalana, "como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas, como puede ser el blanqueo de dinero".

"No habrá referéndum. No subestimen la fuerza de la democracia española. ¡Es muy fuerte!", enfatizó ayer Rajoy en un acto del Partido Popular (PP) en Barcelona.

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