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Prorrogarán el impuesto al cheque, pero con cambios

En el proyecto enviado al Congreso se derivan fondos a la Anses; pronostican una disputa con los gobernadores

Sábado 16 de septiembre de 2017
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LA NACION
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El Gobierno envió ayer al Congreso un proyecto de ley de prórroga, hasta diciembre de 2019, del impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como "impuesto al cheque". La iniciativa, sin embargo, contempla una innovación que seguramente despertará polémica entre los gobernadores y sus representantes en el Congreso: propone que el 70% de la recaudación del tributo, que hoy retiene la Nación, se destine a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

Con esta argucia, el Poder Ejecutivo no sólo se resiste a coparticipar la totalidad de lo recaudado por el impuesto con las provincias, como demandan los gobernadores, sino que se asegura para sí el 70% que actualmente percibe por medio del escudo de la Anses.

El impuesto a los créditos y débitos fue creado en 2000 como un tributo de emergencia, pero debido a su alta recaudación se fue prorrogando a lo largo del tiempo. Según el proyecto de ley de presupuesto del año próximo, el oficialismo espera recaudar $ 201.739,9 millones por este impuesto, un 18,9% más que este año. Este tributo significa el 1,63% de PBI.

Hasta ahora, el 70% de lo percibido era enviado al Tesoro Nacional y lo administraba el Poder Ejecutivo "a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico". Pero ahora, con esta propuesta de trasladar la recaudación a la Anses, el Gobierno busca evitar que el impuesto al cheque, cuya vigencia vence a fin de año, se convierta en motivo de tironeo con los mandatarios provinciales, como sucedió en otras ocasiones.

De paso, la Anses cubre con estos recursos lo que pierde por el 15% de devolución de fondos coparticipables a las provincias, luego de que así se lo ordenó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2015.

Empero, todo indica que los gobernadores no se quedarán de brazos cruzados frente a la iniciativa de prórroga del oficialismo.

Saben que si bien el Gobierno reforzará sus respectivos bloques del Congreso después de las elecciones legislativas de octubre próximo, el oficialismo continuará siendo primera minoría. Por ende no podrá reunir, sin el peronismo, los votos suficientes para imponer el texto como está estipulado, sin modificaciones.

Negociación en puerta

El Gobierno deberá sentarse a negociar y eso es lo que esperan los mandatarios provinciales después de las elecciones de octubre.

Sobre la mesa pondrán varios temas, entre ellos la reforma tributaria -cuyo texto aún no conocen- y el Fondo del Conurbano Bonaerense, un reclamo del gobierno de María Eugenia Vidal (Cambiemos) cuya resolución está pendiente en la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal convocó a los gobernadores para escuchar su posición, pero aún se desconoce cuándo emitirá su fallo.

Los gobernadores sostienen que es la Nación la que debe actualizar ese monto, que alcanzaría los $ 55.000 millones anuales (medio punto del PBI) y rechazan la sola idea de ceder recursos de sus arcas a la provincia de Buenos Aires.

"Para nosotros éste es un tema fundamental. No vamos a discutir el presupuesto 2018 hasta tanto los gobernadores y la Casa Rosada no definan qué modelo de reparto de recursos tributarios se va a instrumentar", enfatizó a LA NACION un importante legislador que responde a la liga de gobernadores peronistas.

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