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Cataluña: un megaoperativo contra el referéndum desata la furia

La Guardia Civil detuvo a 10 funcionarios del gobierno y secuestró las boletas de la consulta; miles salieron a la calle a protestar; dura advertencia de Rajoy

Jueves 21 de septiembre de 2017
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MADRID.- Lo que quedaba de calma en Cataluña se interrumpió ayer antes del amanecer. En un megaoperativo fulminante, la Guardia Civil detuvo a 10 altos cargos del gobierno catalán encargados de la organización del referéndum independentista convocado para el 1º de octubre.

Centenares de catalanes protestaron frente al Ministerio de Economía catalán, epicentro de la acción policial
Centenares de catalanes protestaron frente al Ministerio de Economía catalán, epicentro de la acción policial. Foto: Matías Oesterle

El centro de Barcelona se convirtió de inmediato en escenario de protestas multitudinarias que crecieron con el correr de las horas, mientras las fuerzas de seguridad españolas seguían ejecutando una serie de 41 allanamientos para dinamitar la logística del proceso electoral que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó suspender hace dos semanas.

El presidente regional, Carles Puigdemont, convocó de urgencia a su gabinete y preparó una declaración institucional dramática. "El Estado español ha traspasado la línea roja que lo separaba de los regímenes represivos y autoritarios. Se ha convertido en una vergüenza democrática", leyó desde el Palacio de la Generalitat poco después del mediodía. Insistió en que el domingo 1º los catalanes tendrán "urnas y papeletas" para votar.

Casi a la misma hora, la Guardia Civil irrumpía en un galpón industrial de Bigues i Riells, al norte de Barcelona, y secuestraba 9,8 millones de boletas impresas para ser usadas en la consulta. Era otro golpe durísimo al plan secesionista.

La noticia avivó la movilización callejera. En todas las grandes ciudades de la región se multiplicaban las concentraciones "en defensa de las instituciones catalanas".

El grueso de la gente se amontonó frente a la sede del Departamento de Economía, sobre la Rambla de Catalunya. "¡No pasarán! ¡No pasarán!", gritaba un grupo que cortaba el paso a las patrullas con material incautado en el procedimiento. Otros cantaban "L'Estaca", un himno antifranquista del cantautor y activista Lluís Llach. Aquel edificio era el epicentro de la operación policial. Entre los detenidos figuran Josep María Jové y Lluís Salvadó, los tres funcionarios de Economía que conforman el círculo de confianza de Oriol Junqueras, vicepresidente del gobierno, jefe del área económica y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

El juez que ordenó los procedimientos los investiga por malversación de fondos, desobediencia y prevaricación. Las detenciones se sucedieron también en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), en la Consejería de Exterior, en el Departamento de Asuntos Sociales y en el de Gobernación. Además de los 10 funcionarios fueron arrestados un abogado de ERC y tres expertos en informática que trabajan para empresas contratistas de la Generalitat.

Al cabo de uno de los días más tensos de la historia reciente de España, y con las calles de Barcelona todavía repletas de manifestantes, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, compareció a las 21 en el Palacio de la Moncloa para lanzar otra advertencia a los líderes separatistas.

"A los responsables de la Generalitat les digo que abandonen sus propósitos. Saben que este referéndum ya no se puede celebrar. Nunca fue legal ni legítimo. Ahora no es más que una quimera", dijo. "Si les importa la mayoría de los catalanes, renuncien a esta escalada de desobediencia."

A Rajoy lo respaldó Albert Rivera, líder de Ciudadanos. En cambio, la izquierda alternativa de Unidos Podemos llamó a movilizarse "contra la represión y los presos políticos".

El PSOE apoya las acciones para detener la rebelión catalana, aunque también expresó críticas a cómo se orquestó la respuesta. La incomodidad resultaba notable en los políticos de partidos defensores de la Constitución ante el inusual despliegue policial en Barcelona. Los gritos de "fuera fuerzas de ocupación" en las manifestaciones y las denuncias de Puigdemont sobre un "suspensión de facto" de la autonomía catalana ahondaban esa sensación.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se sumó a las tesis del independentismo, a pesar del equilibrio que hace para no blanquear su posición en el debate que divide a la sociedad: "Todos, más unidos que nunca, vamos a salir a las calles a defender las instituciones de Cataluña".

Para el separatismo, la movilización callejera parece ser la última arma en esta disputa. La ofensiva político-judicial de los últimos días los dejó sin boletas, sin las cartas que se iban a enviar a los presidentes de mesa, con el presupuesto autonómico intervenido y con una decena de funcionarios clave entre rejas.

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