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Una ofensiva que empuja al conflicto a una zona incierta

Jueves 21 de septiembre de 2017
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MADRID.- Alguien apretó el botón nuclear en la crisis separatista que se cocina desde hace cinco años en Cataluña.

Las redadas masivas de la Guardia Civil para detener altos cargos del gobierno catalán, la intervención de las cuentas públicas y el secuestro de millones de boletas electorales hieren de muerte el referéndum convocado por la Generalitat para el 1º de octubre, pero empujan el conflicto institucional a un terreno impredecible. Grave. Mucho más lejos de una solución.

El independentismo tiene desde ayer argumentos para fogonear una revuelta callejera por tiempo indeterminado; un ejercicio que es capaz de coordinar mucho mejor que una votación declarada ilegal por los máximos tribunales de España. El avance policial contra las instituciones de autogobierno catalanas es el combustible que ansiaba para ensanchar su base de sustentación.

Sus apoyos hace tiempo que se estancaron. El presidente Carles Puigdemont y sus aliados decidieron este mes llevar su desafío al extremo. Votaron una ley de referéndum sin respetar procedimientos parlamentarios básicos, anunciaron que no acatarían las órdenes de los jueces españoles y dispusieron que si el 1º de octubre una mayoría de votantes optaba por el sí, declararían de inmediato la independencia.

El gobierno de Mariano Rajoy reaccionó. Los problemas no se solucionan rompiendo la ley, advirtió.

Como desde hace cinco años, su respuesta al clamor separatista fue garantizar el cumplimiento irrestricto de una legalidad que es cuestionada por un amplio sector de la sociedad catalana.

La fuerza del Estado quizá sea suficiente para impedir el referéndum del 1º de octubre, organizado en condiciones más que precarias. Seguro no lo es para reenganchar de verdad a Cataluña en el tren de España.

El karma de esta crisis es que la sociedad está partida en dos. Los independentistas quisieron probar hace dos años que eran más. Convocaron a unas elecciones que calificaron de "plebiscitarias" y dijeron que si las ganaban avanzarían con la ruptura. Sumaron el 48%. Ganaron la mayoría de bancas, pero perdieron el plebiscito. Decidieron entonces que el dominio legislativo los legitimaba igual para construir la república catalana.

El proyecto de Puigdemont desconoce la voluntad de al menos la mitad de los catalanes. La respuesta inmovilista de Rajoy subestima la profundidad de la desafección que siente la otra mitad.

En política es peligroso -y casi siempre imposible- resolver un empate por la mínima. El conflicto continuará mientras ninguno de los dos bloques prevalezca con claridad sobre el otro.

En cinco años de tensión, el gobierno central desistió de presentar una oferta política que reconociera el problema catalán, propusiera encauzarlo y le arrebatara apoyos al independentismo. Cualquier intento de acuerdo requeriría una reforma de la Constitución de 1978. Implicaría, con toda certeza, ceder más competencias y más fondos a la Generalitat catalana.

El Partido Popular (PP) de Rajoy, reducido a la insignificancia en Cataluña, no ve motivos para explicarles a sus votantes del resto del país que mantener la unidad de España les costará dinero.

Los nacionalistas tampoco pescaron en el bando contrario con sus denuncias de una España antidemocrática y el culto a un supuesto derecho natural a la autodeterminación. Anoche, pese al aparente derrumbe del referéndum, los asaltaba una ilusión: lo que no lograron con razones propias, acaso se lo sirva en bandeja la ofensiva jurídico-policial gestionada desde Madrid.

Pocas cosas unen más a los catalanes que el rechazo a cualquier intento -aunque sea aparente- de humillar a sus instituciones históricas de autogobierno.

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