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El gobierno catalán aprovecha la agitación para redoblar su desafío

Anunció los lugares de votación del referéndum luego de las protestas por la ofensiva judicial que atacó su logística

Viernes 22 de septiembre de 2017
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Miles de catalanes volvieron a respaldar el referéndum, ayer, en Barcelona
Miles de catalanes volvieron a respaldar el referéndum, ayer, en Barcelona. Foto: LA NACION

MADRID.- "¡Vo-ta-remos!" El grito emanaba de la multitud congregada frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Empezaron al mediodía y al anochecer seguía llegando gente. "¡Libertad a los presos políticos!", coreaban. O simplemente: "¡Independencia!", repetido hasta el infinito.

El separatismo volvió a tomar las calles de Barcelona el día siguiente al megaoperativo policial que se saldó con el arresto de una decena de altos cargos del gobierno catalán encargados de organizar el referéndum de autodeterminación convocado para el 1º de octubre.

Lejos de rendirse, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aprovechó la agitación social para redoblar su desafío a las instituciones españolas. "Quiero apelar a la gente a que siga defendiendo la celebración del referéndum hasta el mismo 1º de octubre, con el mismo entusiasmo, civismo y firmeza con que lo han hecho hasta ahora", dijo anoche en un mensaje leído desde el palacio de gobierno. Explicó que tiene "planes de contingencia" para garantizar la votación prohibida por el Tribunal Constitucional. Y afirmó: "Si todos estamos unidos estoy completamente seguro de que vamos a ganar el desafío que nos plantea un Estado autoritario".

Poco antes, el líder separatista había anunciado la publicación de una Web en la que los ciudadanos censados en la región pueden consultar la mesa donde podrán votar dentro de 10 días en la consulta.

El sistema tiene cargados los mismos colegios electorales que se usan en los comicios autonómicos. La excepción son los municipios (menos del 10% del total), cuyos alcaldes se niegan a prestar instalaciones para una votación considerada ilegal. En esos casos, se rearmaron las mesas en edificios de la Generalitat.

La jugada de Puigdemont es una provocación que busca sostener las protestas que empezaron anteayer apenas se supo que la Guardia Civil estaba irrumpiendo en edificios públicos del gobierno catalán y llevándose detenidos a funcionarios.

La logística del referéndum quedó herida de gravedad después de esas redadas, en las que se desactivó parte del sistema informático, se decomisaron 10 millones de boletas y se arrestó a los encargados de gestionar el dinero para los preparativos. El gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha la intervención de todas las cuentas del gobierno catalán. Y ayer se sumó una sentencia que multa con 12.000 euros diarios a los integrantes de la junta electoral designada para controlar el referéndum mientras no disuelvan ese órgano.

El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, jefe directo de tres de los detenidos, había admitido a primera hora del día que los operativos "alteran" el referéndum. Pero nadie quiere bajarse ahora.

La indignación que causó la actuación de la Guardia Civil en un sector de la población que supera a los habituales independentistas es un factor que pueden explotar Puigdemont y sus aliados. Insisten en público que habrá urnas y que un triunfo del sí disparará la declaración unilateral de independencia 48 horas después de la publicación de los resultados.

Las manifestaciones se prolongaron durante toda la madrugada de ayer frente a la Consellería (ministerio) de Economía, en el centro de Barcelona. Allí hubo momentos de furia. Fueron destrozadas dos patrullas de la Guardia Civil y se requirió una larga negociación, en la que intervino la policía autonómica, para que la comisión judicial pudiera salir del lugar con los elementos que habían secuestrado.

Al mediodía, las entidades civiles del separatismo convocaron una marcha hacia los tribunales, donde tiene su despacho el juez que ordenó los allanamientos.

La mayoría de los arrestados salió en libertad durante el día. Pero anoche seguía preso Josep María Jové, secretario general de Economía y mano derecha de Junqueras.

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