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Con más policías, Rajoy presiona a Cataluña para frenar su desafío

El gobierno regional denunció una "intervención encubierta" de Madrid por el despliegue adicional de 6000 efectivos

Sábado 23 de septiembre de 2017
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MADRID.- El gobierno de España se prepara para días peores en Cataluña. En plena tensión por el desafío independentista, el Ministerio del Interior dispuso ayer el envío de 6000 efectivos policiales de refuerzo para "mantener el orden" ante la ola de protestas en defensa del polémico referéndum de autodeterminación convocado por las autoridades de esa región.

La medida desató el rechazo del gobierno catalán, que denuncia una "intervención encubierta" de sus competencias autonómicas en materia de seguridad.

La confirmación del operativo les llegó por carta. Un texto en el que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, puntualiza que esos agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen como misión "la vigilancia del espacio público y mantenimiento del orden y actuarán en caso de que se mantuviera el referéndum ilegal" del 1º de octubre.

Es otra advertencia enérgica de Madrid ante la revuelta catalana, que pasó de las instituciones a la calle desde que el miércoles una operación judicial se saldó con el arresto de 10 altos cargos de la Generalitat asignados a la preparación de la consulta electoral que el Tribunal Constitucional ordenó suspender. Barcelona se inundó de manifestantes que denuncian un golpe autoritario del gobierno central.

El último de los detenidos quedó en libertad ayer. Se trata del secretario general de Economía, Josep María Jové, a quien el presidente Carles Puigdemont decidió cesar en el cargo para facilitar su situación procesal. Pero los llamados a la movilización permanente continúan desde los principales despachos del gobierno catalán. Se cumplieron 72 horas de manifestaciones frente a los tribunales, hubo tomas de edificios universitarios y concentraciones en plazas.

La Fiscalía General del Estado considera que con esas manifestaciones se intentó entorpecer el accionar de la justicia. Ayer presentó una querella por sedición, vinculada con los incidentes que ocurrieron el miércoles durante una de las redadas en la que los activistas proindependencia destrozaron patrullas de la Guardia Civil. El Código Penal regula que la sedición se castiga con penas de hasta 15 años de prisión. Identifica como posibles responsables a los líderes de las dos mayores entidades civiles del independentismo, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural.

Puigdemont, insiste en que tiene "planes de contingencia" para celebrar el referéndum a pesar de las acciones judiciales y policiales que desbaratan la logística electoral.

La Guardia Civil secuestró 10 millones de papeletas y desactivó parte del sistema informático. El gobierno de Rajoy intervino todas las cuentas de la comunidad autónoma.

Pero Puigdemont apuesta a la movilización constante los próximos 10 días como vía para poner igual las urnas.

El despliegue policial buscará evitarlo. Madrid prevé una escalada de tensión que podría derivar en violencia. Desconfía, además, que la policía autonómica -los Mossos d'Esquadra- vayan a contribuir decididamente a impedir la votación o a actuar en casos de desbordes.

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