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En la Justicia quedan por resolverse 16 causas por el delito de usurpación

Se archivarán en la medida en que se confirme que los alumnos desistieron de las medidas de protesta

Martes 26 de septiembre de 2017
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La protesta estudiantil porteña terminó con 16 causas judicializadas. La fiscalía de primera instancia de la Ciudad analiza las causas de las tomas de colegios como posibles delitos de usurpación. En todos los casos en que se levante la medida dentro del proceso de diálogo en el que interviene la fiscalía, las causas se archivarán y se darán por finalizadas.

Foto: LA NACION

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se refirió ayer en duros términos a las tomas de los colegios. Las definió como "una ilegalidad" y admitió: "Es algo que repudio, hay un montón de otras maneras de manifestar una protesta o generar caminos de diálogo". También destacó el perjuicio generado a "decenas de compañeros que deberían estar estudiando".

Las causas judiciales se inician cuando, en el momento de la ocupación de una escuela, alguna persona presenta la denuncia en la comisaría correspondiente. Al ser un delito de acción pública, cualquier ciudadano puede iniciar ese proceso.

La mayoría de las causas judicializadas por esta medida fueron impulsadas por autoridades de las escuelas involucradas, pero también hay denuncias radicadas por los padres de los alumnos que tuvieron vedado el acceso a sus clases.

María Carolina Vela, madre de un alumno de la escuela Lenguas Vivas, denunció el jueves pasado que desde el 14 hasta esa fecha, su hijo, alumno del colegio, no pudo ingresar al mismo ya que se lo impidieron personas aún no identificadas.

"Intervenimos a partir de las comunicaciones que nos hacen las comisarías de la zona", dijo Carlos Fel Rolero Santurian, fiscal de primera instancia. La fiscalía trabaja con causas iniciadas por tomas de colegios hace cuatro semanas. "En estas semanas llevamos adelante mesas de diálogo para que los estudiantes desistan de la medida. Les decimos que continúen con el reclamo, pero recalcamos que este no es el medio idóneo para visibilizar el problema porque puede ser un delito", añadió.

Todas las medidas a tomar son evaluadas minuciosamente dada la complejidad del tema y el involucramiento de menores. En el caso de que no hubiera ninguna posibilidad de resolver los conflictos por medio del diálogo, la fiscalía continuaría con otras instancias, como la individualización de los responsables de los hechos. La identificación se trabaja a partir del aporte de distintos testigos y un análisis de medios que le da la posibilidad de identificar a las personas involucradas.

"Los chicos de 16 y 17 son imputables en este tipo de delito, y también los padres pueden ser imputados", advirtió el fiscal. Explicó que los menores de 18 años que están bajo la guarda de los padres son responsabilidad de sus progenitores. Si los adultos tienen conocimiento de algún hecho delictivo que fueran a cometer, deben intentar evitarlo. De lo contrario tendrán responsabilidad penal por este hecho.

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