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Mejoras en las cárceles

Jueves 28 de septiembre de 2017

Las graves falencias del sistema carcelario son de larga data y forman parte no siempre visible de la crisis de la seguridad, que también se remonta a varias décadas atrás. Por eso es preciso reconocer el acertado diagnóstico y la clara voluntad de quebrar la inercia anterior manifestada por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a poco de asumir. No hace mucho, reafirmó esa voluntad al expresar que desde su asunción comenzó a librarse "la pelea que no se dio antes, en 30 años de democracia, con el sistema penitenciario".

Los ejemplos que en esa oportunidad expuso la mandataria provincial grafican el nivel de degradación al que se había arribado, pues, además de informar que en menos de dos años de gestión se prescindió de 2000 agentes del Servicio Penitenciario que incurrieron en irregularidades, explicó: "Ahora no hay nadie durmiendo en el suelo, hoy todos los presos tienen su colchón. Sé que son cosas básicas, pero no estaban". Bajo la nueva administración no sólo se realizan requisas a los presos, sino también a los guardiacárceles. La situación es más grave en las comisarías bonaerenses, pues en julio pasado había allí 2944 alojados y sólo 1039 tenían camastro.

La gobernadora agregó algo cierto: sus antecesores en el cargo no "se habían metido" con las cárceles y tampoco con la policía provincial". Vidal expresó su anhelo de que, hacia el final de su mandato, siete de cada diez detenidos hayan estudiado o se encuentren trabajando en el penal.

En el plano nacional, el más reciente estudio llevado a cabo por la Procuración Penitenciaria de la Nación, organismo que depende del Poder Legislativo y defiende los derechos de las personas privadas de su libertad en el ámbito federal, halló 347 casos de maltratos y torturas en cárceles federales, que dieron origen a 120 denuncias judiciales. El titular de la Procuración, Francisco Mugnolo, informó ante el Senado que la situación de los penales federales "es gravísima" y que debido a eso en poco tiempo el Estado afrontará un serio problema.

Como afirmó la gobernadora, los penales no pueden ser ámbitos de castigo, sino la etapa previa a la reinserción en la sociedad. Cuanto ocurre tras los muros de las cárceles tendrá directa incidencia en la cada vez más crítica falta de seguridad. La cárcel entendida como sitio de castigo y de degradación de la condición humana no sólo opera en contra de la ansiada reinserción, sino que también contribuye a engrosar las filas de la delincuencia.

De ahí que las indispensables mejoras en las condiciones de detención, cuyas consecuencias en principio no resultan visibles, repercutirán favorablemente en la lucha contra el delito. Esas mejoras son, sin duda, parte de ese combate.

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