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Proponen a las provincias la creación de equipos judiciales contra la violencia de género

El Ministerio de Justicia de la Nación ideó una "ley modelo" que prevé modificar las estructuras tribunalicias con más cuerpos colegiados e incluso con turnos más extensos

Jueves 28 de septiembre de 2017
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LA NACION

Para mejorar la eficacia en la lucha contra la violencia intrafamiliar y sexual, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación propone una reforma estructural que les dé a las víctimas un rol central en el proceso judicial. Para eso ideó una "ley modelo" que espera que adopten las provincias, cuyos poderes judiciales deben tratar los delitos relativos a la violencia de género.

La clave, sostienen los máximos funcionarios del ministerio que encabeza Germán Garavano , es un abordaje integral que rompe con los preconceptos existentes en el sistema judicial. Para eso se sugiere crear un equipo judicial especializado en violencia intrafamiliar y sexual, que en la mayoría de los casos constituye violencia contra las mujeres. El proyecto ampliará el espectro de protección legal de grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores institucionalizados.

El ministro Garavano, durante la exposición de los especialistas
El ministro Garavano, durante la exposición de los especialistas. Foto: Ministerio de Justicia

Durante la presentación de la "ley modelo", la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, y otros integrantes de la comisión redactora del proyecto expusieron ayer los cambios pretendidos en la organización judicial destinados a la instrumentación de un enfoque de género que tenga en cuenta "fallas sistemáticas" que afectan los derechos de las víctimas.

"Este cambio de paradigma se materializa en organizaciones judiciales que aún hoy son muy coloniales", sostuvo ayer el ministro Garavano. Aunque la crítica del sistema actual fue dura, visibiliza una problemática que también da cuenta de juzgados colapsados. "No es una respuesta cara, sino eficiente, y para eso se requiere un esfuerzo para reorganizar los recursos que ya existen: el desafío es pensar esto como una refuncionalización. Por eso, cada jurisdicción debe hacer ajustes sobre estructuras ya montadas", señaló Garavano.

Al cabo de un año de trabajo, la comisión ministerial está segura de que los poderes judiciales provinciales están muy preocupados por la violencia de género y quieren dar respuesta a esta problemática. Su urgencia determinará cuánto tiempo demandará implementar la "ley modelo": dependerá de la voluntad política de cada distrito.

Hasta 2017 había un femicidio cada 30 horas. Entre enero y febrero últimos hubo 57 casos. Las proyecciones permiten avizorar que para fin de este año serían más de uno por día.

Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sostuvo en la reunión de ayer: "Las cifras son escalofriantes. Este proyecto es importante, pues los números indican que el diseño institucional de procedimientos para resolver esta problemática es ineficiente y no da una respuesta a las víctimas". Agregó que el proceso penal está pensado para violencia fuera del contexto intrafamiliar.

La "ley modelo" contará con un diseño institucional con un colegio de jueces y un coordinador para la gestión; así, los casos no recaerán en un solo juez, sino en un equipo colegiado. Una de las claves de la reforma es que evitará la fragmentación entre los aspectos civiles y penales de estos casos y dará mejores herramientas a los integrantes del sistema judicial.

Luego de la presentación, la iniciativa se someterá al escrutinio y la participación de la sociedad civil dentro del programa Justicia 2020. Luego se abrirá el diálogo con todas las provincias para que la reforma sea adoptada. La comisión ya se reunió con las autoridades de Tucumán, Córdoba, Salta y Mendoza.

El Ministerio de Justicia de la Nación no tiene competencia para hacer esta reforma en cada una de las provincias. Por eso, presentan la "ley modelo" con la intención de que las provincias la adopten. Para el comité hay dos desafíos puntuales: una coordinación con los otros poderes -en especial, el Ejecutivo- y servicios de calidad para que las víctimas puedan denunciar la problemática.

"Las víctimas deben ir a lugares donde se les brinden servicios de calidad y donde se las jerarquice. Para eso habría que considerar adaptar los horarios tribunalicios y las ferias judiciales, ya que no resisten frente a esta problemática. Hay que avanzar, por ejemplo, hacia dobles turnos", expuso Garavano.

"Estamos pensando en abrir la discusión a varios foros e incluso introducirla en el Congreso como una iniciativa legislativa, porque es una ley que va a dar para mucho debate", dijo a LA NACION la subsecretaria Rodríguez. Agregó que el sistema tiene que coordinarse con el resto de las agencias del Estado para dar soporte a las víctimas de la violencia de género, que sufren problemáticas ausentes en otros delitos. "Además, hay que comenzar a trabajar con otro tipo de jueces. Para eso debemos invertir la pirámide de la organización judicial y tener más jueces y menos secretarios", concluyó.

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