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Objetan la reglamentación de la ley de acceso a la información pública

Varias ONG cuestionan restricciones a la autonomía de la Agencia que tendrá la misión de aplicar la norma; el nuevo esquema entró en vigencia hoy

Viernes 29 de septiembre de 2017 • 11:48
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El nuevo régimen de acceso a la información pública entró hoy en vigencia, pero con algunas dificultades y cuestionamientos. La ley que obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas, partidos políticos, universidades y gremios a responder las solicitudes de información que eleve cualquier persona, fue modificada por decreto de necesidad y urgencia y varias organizaciones de la sociedad civil se pusieron en estado de alerta.

"El decreto introdujo una modificación referida a las facultades de la Agencia de Acceso a la Información Pública que recorta su autonomía. El decreto tiene un serio problema en términos de constitucionalidad y de legitimidad democrática", expresaron en un comunicado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Directorio Legislativo y Poder Ciudadano, entre otras organizaciones.

Estas ONG afirman que el decreto 746/2017 eliminó la facultad de la Agencia de Acceso a la Información Pública, autoridad de aplicación de la ley en la órbita del Poder Ejecutivo, de "diseñar su estructura orgánica". Por ello, solicitaron que el Congreso rechace el DNU.

La diputada nacional Karina Banfi (UCR), principal impulsora de la norma, defendió el decreto que firmó el presidente Mauricio Macri . "Reorganiza la eficiencia en materia de información pública. Esta medida permite al Poder Ejecutivo implementar políticas públicas en tiempo oportuno. Su dictado resulta apropiado", dijo.

Según la norma apoyada por el oficialismo, cualquier persona y sin expresión de motivo alguno puede presentar una solicitud de información. Los organismos que reciben aportes del Estado deben publicar de manera accesible, gratuita y actualizada información sobre su nómina salarial, personal contratado, declaraciones juradas de funcionarios, ejecución de partidas presupuestarias y contrataciones entre otras cuestiones.Además, los tres poderes del Estado, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura deben tener dentro de sus órbitas organismos que tengan la misión garantizar el cumplimiento de la ley.

Deudas pendientes

Según un relevamiento que hizo LA NACION, no todos los organismos de control se encuentran en plenas funciones y la publicación activa de la información requerida será paulatina. Un tema crucial es la carga presupuestaria que la iniciativa genera.

El Poder Ejecutivo, por su parte, ya cuenta con experiencia. El decreto 1172/2003 estableció la obligación de ese poder de Estado de responder a los pedidos de información y la cartera a cargo de Rogelio Frigerio fue la autoridad de aplicación hasta el jueves. El traspaso de funciones a la Jefatura de Gabinete, donde funcionará la nueva autoridad de aplicación del Ejecutivo, fue automático con la entrada en vigencia de la ley.

Ahora bien, la puesta en función de la Agencia de Acceso a la Información, a cargo de Eduardo Bertoni, despertó cierta preocupación, previo al decreto. Según comentaron a LA NACION referentes de organismos de la sociedad civil, pocos días antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen no había confirmaciones de dónde funcionaría, del equipo que la integraría, más allá de Bertoni, y el presupuesto asignado.

Fuentes del Gobierno aseguraron a LA NACION que son cuestiones que en estos días se terminarán de definir y, en el caso del presupuesto, una vez diseñada la estructura, la Jefatura de Gabinete de Ministros hará la reasignación correspondiente.

La nueva apuesta de la ley son el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal, dado que antes de su sanción se encontraban obligados por la Constitución Nación y los tratados internacionales y no por un régimen especial. A partir de ayer, estos cuatro actores no sólo deben responder a pedidos de información, sino que también deben publicarla de manera activa y contar con órganos de control.

Según pudo averiguar LA NACION, desde la sanción de la ley las cuatro instituciones, de manera conjunta y por separado, trabajaron en procesos internos de diagnóstico e innovación que les permitieran afrontar las nuevas obligaciones. Aún así, a la Agencia de Acceso a la Información Pública del Ejecutivo le falta diseñar su estructura y establecer un equipo, el Consejo de la Magistratura debe aprobar una reglamentación interna y el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Legislativo deben designar directores.

Las organizaciones de la sociedad civil miran con cierta desconfianza los próximos pasos de las instituciones obligadas. La mayoría expresó que falta publicar información de manera activa y clara en las páginas oficiales y afirmaron que, previo a la entrada en vigencia de la ley, no siempre la respuesta a los pedidos fue la regla. "Estamos esperando a ver qué sucede", dijo a LA NACION Diego de Francesco, de la Asociación por los Derechos Civiles. "El punto de inflexión es la vigencia de la ley".

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