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El descrédito de nuestro Poder Judicial

Los jueces deben dejar de ser concebidos como apéndices del poder político, al tiempo que cambiar a la Justicia debe ser un compromiso de toda la sociedad

Sábado 30 de septiembre de 2017
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Mucho debería preocuparnos el generalizado descrédito en el que ha caído la administración de justicia en la Argentina. Que recién ahora se haya logrado determinar la forma en que murió, hace dos años y ocho meses, el fiscal que investigaba el gravísimo atentado en la AMIA y había denunciado a la ex presidenta de la Nación por encubrimiento; que la demora en llevar a juicio a sospechados de graves hechos de corrupción deba siempre medirse en espacio de largos años; que la justicia federal que debe investigar a los funcionarios públicos sólo lo haga una vez que éstos han perdido el poder, y que, en suma, se tenga la sensación de que recurrir a los jueces es un albur donde todo puede suceder -por lo general nada bueno-, nos obliga seriamente a pensar qué hemos hecho para alcanzar semejante nivel de mediocridad e ineficiencia.

Estudios de opinión pública dan cuenta de que la imagen del Poder Judicial ha experimentado un profundo deterioro en los últimos diez años, al tiempo que la credibilidad de los jueces apenas alcanza al 18%, sólo por encima de los sindicatos y los partidos políticos.

Durante muchos años, y en especial en los gobiernos de cuño justicialista, los magistrados fueron concebidos como apéndices del poder político. Esta afrenta al republicanismo quedó patentizada, en plena era menemista, con la descarnada frase de los "jueces de la servilleta".

Los años del kirchnerismo, lejos de producir mejoras en la independencia de la Justicia, fueron testigos de torpes maniobras para domesticar a la institución que debe naturalmente servir de control. Los concursos de magistrados del fuero federal se vieron en ocasiones amañados o "cajoneados" y la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, pobló al Ministerio Público de funcionarios cuyo mérito mayor era su militancia partidaria o su sumisión incondicional. La justicia de Comodoro Py, siempre "tiempista" a la hora de planificar su accionar, tardó años en dar real curso a la denuncia por asociación ilícita que había impulsado la legisladora Elisa Carrió mucho tiempo antes, no bien advirtió los desmanejos que existían en la obra pública y que permitieron que personajes de la talla de Lázaro Báez y José López incrementaran su patrimonio de manera exponencial. Las recientes frases de la ex presidenta, al proclamar su "odio" hacia quien fue un funcionario central durante toda su gestión de gobierno en materia de obra pública, la exhibe tal cual es. ¿Cómo supone ella, acaso, que obtuvo López la millonada de dólares que intentó ocultar en un convento si no fue a través de negociados y sobreprecios, respecto de obras que en una gran mayoría no se hicieron?

Otro gran actor en este proceso de descomposición ha sido el Consejo de la Magistratura. Diseñado, según su versión vigente, por la entonces legisladora Cristina Kirchner mientras su marido era presidente y el Congreso aprobaba de manera mecánica cualquier proyecto impulsado por el oficialismo, terminó albergando en su seno a estandartes como Diana Conti o Carlos Kunkel. No es de extrañar que un Consejo así compuesto haya permitido la subsistencia de jueces de la valía de Norberto Oyarbide o de camaristas federales enriquecidos como Eduardo Freiler. Tampoco es de extrañar que éstos hayan retribuido tanto apoyo con fallos a la medida de sus benefactores. Los sucesivos sobreseimientos al matrimonio presidencial por enriquecimiento ilícito o la anulación de prueba que demostraban la corrupción protagonizada por la compañía Skanska en la construcción de plantas compresoras de gas, son apenas botones de muestra en un sistema donde todos esos actores miraron para otro lado, con la complicidad de empresarios y su "cartelización" de la obra pública.

Afortunadamente, merced a la iniciativa casi unánime de todas las entidades de abogados del país se pudo conjurar el intento de sometimiento del Poder Judicial con valientes decisiones de juzgados inferiores que suspendieron la vigencia de la mal llamada ley de democratización de la justicia impulsada durante el kirchnerismo, que buscaba modificar la ley del Consejo de la Magistratura para manejar a dedo la designación y remoción de jueces, la cual fue luego declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

También ha sido destacable, en el negativo contexto antes descripto, la acción desplegada por numerosas asociaciones de profesionales, tales como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la agrupación Será Justicia, que impulsaron, en muchos casos con éxito, acciones judiciales dirigidas a evitar designaciones irregulares de fiscales y de jueces subrogantes, así como denuncias contra jueces en el Consejo de la Magistratura y un pedido de juicio político a la actual procuradora Gils Carbó, del mismo modo que la iniciativa actualmente en curso de una auditoría a la justicia penal federal, que además fue apoyada por más de 30 entidades de la sociedad civil, y que está empezando a rendir sus frutos, la que se espera se convierta en un mecanismo de control permanente para evaluar y medir la gestión de los jueces extensible a otros fueros.

Sin perjuicio de ello, hay mucho por hacer. Se necesita del involucramiento de toda la sociedad, así como de una firme iniciativa de los tres poderes del Estado para promover políticas y mecanismos que permitan erradicar la ineficiencia y la corrupción en la prestación del servicio de justicia en general y, en especial, en regenerar la credibilidad del fuero federal tan cuestionado.

Habrá que prestar mucha atención a los concursos de designación de jueces, especialmente en atención a la gran cantidad de vacantes que hoy existen. El Poder Ejecutivo, el Senado y el Consejo de la Magistratura deben dar prioridad para que se cumpla, sin concesiones, la exigencia constitucional según la cual es la "idoneidad" el único parámetro relevante a la hora de llenar los cargos.

El país precisa de jueces comprometidos con el servicio público que prestan, antes que entregados a tareas académicas que los distraen de su ministerio. Las normas procesales requieren, a su vez, de urgentes cambios, pues la cantidad de "chicanas" a disposición de litigantes inescrupulosos permiten una eternización de los procedimientos. Debe aumentarse el número de tribunales que celebran los juicios para que pueda darse rápida respuesta a la sociedad acerca de quiénes cometieron delitos en perjuicio del Estado. Deben reducirse, además, las posibilidades de plantear impugnaciones durante la etapa de investigación y los jueces tienen que hacer valer su autoridad para sancionar incluso a los profesionales que recurran a planteos procesales improcedentes. Las organizaciones que agrupan a abogados y las asociaciones de jueces también deben profundizar su trabajo e iniciativas para la consecución de tales fines. El deterioro actual exige el involucramiento de sus principales actores, alejados del espíritu de cuerpo y con la mira puesta en el bien común. En este último sentido, no ha sido ciertamente auspiciosa la reciente creación de la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), cuya acta fundacional expresa como propósito el de generar la "conformación de espacios comunes" dirigidos al "respaldo recíproco" entre los jueces que la integran, lo que traduce una poco disimulada vocación corporativa, más bien orientada a brindarse protección recíproca en el actual contexto, en que el desempeño de algunos jueces federales se encuentra bajo análisis del Consejo de la Magistratura, como consecuencia de distintas denuncias efectuadas por ciudadanos y entidades de abogados.

Criticar la actuación de la Justicia es lo más fácil, lo difícil es comprometerse y trabajar para cambiarla, lo cual debe ser un compromiso de toda la sociedad desde el ámbito que a cada uno le compete.

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