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Pobreza y políticas de Estado

Domingo 01 de octubre de 2017
PARA LA NACION
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Ni bien asumió, el actual gobierno eliminó el cepo cambiario, redujo las retenciones a las exportaciones y logró un acuerdo con los fondos buitre para liberar el acceso al mercado de deuda. Pero esas decisiones iniciales, que muchos empresarios valoraron, no se tradujeron en un mejoramiento en el nivel de vida para la mayor parte de la sociedad. En lo inmediato, ellas implicaron un aumento de la pobreza de sectores medios bajos, así como una profundización de la misma para los sectores estructuralmente más pobres.

Esto ocurrió, incluso, a pesar de los esfuerzos puestos para que los sectores más vulnerables transitaran los "ajustes" con algún alivio: extensión de los salarios familiares a monotributistas y asalariados con remuneración por debajo del mínimo no imponible; ampliación, aumento y actualización real de haberes, remuneraciones y ayudas sociales; puesta en marcha de la Ley de Emergencia Social y la Ley de Reparación Histórica para jubilados, pensionados y adultos mayores excluidos del sistema; reactivación de la obra pública a través de obras de infraestructura social; entre otras medidas.

Todo esto pasaba mientras se esperaba encontrar la luz al final del túnel: en un principio, con algo de reactivación y mayor confianza por parte de los mercados, para lograr una lluvia de inversiones y, por fin, un crecimiento sostenido. Durante este trance, la indigencia medida por ingresos aumentó en 2016 de 5% a 6% y la pobreza subió de 29% a más de 32%. Estos resultados, aunque lejos de constituirse en una catástrofe como a la que nos han tenido acostumbrados los ciclos económicos argentinos, no dejaron de significar un mayor costo social.

Si bien la transición fue más lenta de lo esperado, ya a principios de este año los brotes verdes dejaron de ser una promesa y la estrategia económica comenzó a brindar algunas buenas noticias. En tal sentido, el primer semestre de 2017 da cuenta de algunos resultados positivos: reactivación económica, incremento de la demanda del empleo en algunos sectores, recuperación en el nivel de consumo, y caída de la pobreza en un contexto macroeconómico más sostenible. Todo ello en favor de los trabajadores formales o sectores medios bajos que habían sido los principales afectados durante la recesión de 2016.

A manera de balance, estamos en la situación que teníamos a fines de 2015, aunque con un gobierno con mayor capacidad para gestionar las variables macroeconómicas, estimular el crecimiento y canalizar más virtuosamente sus efectos sociales. Sin embargo, persisten señales hostiles no menos preocupantes. Así lo demuestra la tasa de indigencia, que luego de subir en 2016, no cayó en el primer semestre del año; a la vez que todavía tenemos la misma cantidad de pobres que teníamos en 2015, y que los pobres de hoy son algo más pobres que antes de la devaluación, mientras que el empleo informal se profundiza y precariza aún más.

En el corto plazo, con una inflación hacia la baja y con un moderado crecimiento que impacta en el consumo, es de esperar que siga cayendo la pobreza. Incluso puede hasta reducirse en algún punto la indigencia. Sin embargo, en un tiempo no muy lejano, sin otras estrategias, habremos de enfrentarnos con una nueva frustración: ni la estabilidad monetaria ni el crecimiento habrán de ser suficientes para reducir la pobreza estructural que divide a la sociedad, ni mucho menos llegar al objetivo de "pobreza cero".

De hecho, aunque aumente la inversión en infraestructura social y logremos reducir de manera significativa el déficit de transporte, vivienda, saneamiento y agua potable, una parte importante de la sociedad argentina continuará quedando afuera y la integración social seguirá siendo un falso ideario. La trama que impide que esto sea de otra manera no está en la voluntad o la capacidad de trabajo de la gente en situación de pobreza, sino en un modelo de reglas económicas, políticas y sociales que continúa dejando afuera a 25% de la fuerza de trabajo desocupada u ocupada en trabajos de subsistencia y a 25-30% de trabajadores con empleos regulares pero precarios o informales. Es decir, a la mitad de una Argentina que se levanta cada mañana y trabaja duro todos los días para al menos garantizar la subsistencia, aunque no siempre logra este cometido.

La inclusión plena de esta otra Argentina requiere también más temprano que tarde, además de crecimiento económico, políticas de Estado orientadas a promover un capitalismo más dispuesto a invertir mar adentro; una planificada, coordinada e inteligente promoción de las economías locales-regionales y de los nichos productivos que dispone nuestro país; el fomento de la pequeña y mediana empresa, incluyendo créditos y tributaciones preferenciales; una efectiva inclusión de la economía social e informal a los circuitos formales a través de normativas y subsidios especiales; mucha más educación para el trabajo y para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos; entre otras medidas cruciales en clave a un desarrollo económico, social y ambientalmente sustentable.

Investigador del Conicet-UBA-Observatorio de la Deuda Social Argentina/UCA

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