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Un juez de faltas, a juicio por levantar la clausura de un prostíbulo

El local había sido objeto de un allanamiento y cierre por orden judicial; el funcionario acusado, de General Acha, hizo reabrir el cabaret en menos de 24 horas

Lunes 02 de octubre de 2017
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Un juez de faltas de la provincia de La Pampa será sometido a juicio oral, acusado de haber levantado "en tiempo récord" y "sin el menor recaudo legal" la clausura preventiva de un prostíbulo, ejecutada tras un allanamiento en el que se había constatado la presencia de mujeres que eran explotadas sexualmente.

Según informaron fuentes judiciales a la agencia de noticias Télam, se trata de Sebastián Sancho, de 40 años, funcionario de la municipalidad de General Acha, quien será juzgado por el delito de "violación de los deberes de funcionario público" por el Juzgado Federal de Santa Rosa.

Fuentes judiciales informaron a Télam que, a pedido de la fiscal federal Adriana Zapico, también serán sometidos a juicio oral en la misma instancia la presunta dueña del prostíbulo, identificada como Marta Arminda Silva, de 45 años, y su hijo Carlos Raúl Silva, de 25, ambos procesados como presuntos coautores del delitos de "trata de personas con fines de explotación sexual".

La causa se inició el 8 de noviembre de 2011 luego del allanamiento y de la posterior clausura del local nocturno El Delfín, situado en el kilómetro 27,5 de la ruta provincial 152, en General Acha, unos 100 kilómetros al sudoeste de Santa Rosa, la capital pampeana.

Según explicaron las fuentes consultadas por Télam, en esa ocasión se constató la presencia de dos mujeres -una paraguaya y la otra argentina- en eventual situación de trata, aunque a través de otros hechos se determinó que también había, al menos, otras cuatro, oriundas de Misiones.

Además, durante el procedimiento se encontraron preservativos, libretas sanitarias y una habitación a la que se podía ingresar a través de una puerta de reja y que tenía un colchón en el suelo y, a su lado, un recipiente con profilácticos usados.

La primera fiscal que tuvo la causa, Marta Odasso, dispuso la clausura del local, pero el entonces juez Sancho levantó esa medida por entender que "no se había cometido falta alguna".

"Esa actuación resultó abusiva, ya que al dictar una resolución carente de todo tipo de fundamentación por la que [el acusado] levantó una clausura en tiempo récord -en menos de veinticuatro horas- sin el mínimo recaudo legal, habiendo sido ordenada por una funcionaria judicial en el marco de sus atribuciones y en una causa donde se había acreditado prima facie la ocurrencia de graves delitos, termina por dar cuenta, a esta altura procesal, que la acción cometida por el imputado se llevó a cabo a sabiendas de la contrariedad del acto", se señaló en el auto de elevación a juicio del expediente.

Según el requerimiento fiscal, en junio de 2012 en aquel local se registraron agresiones y golpes que sufrió una de las víctimas, que era explotada, y que habrían sido propinados por un "cliente" que se encontraba en el lugar.

En este caso, la joven atacada realizó una denuncia en la que detalló que se encontraba en el lugar junto a otras cuatro mujeres "alternadoras", por lo que la fiscalía dispuso un nuevo allanamiento en el lugar y en el domicilio particular de la dueña, el 16 de junio de ese mismo año.

En la vivienda de la mujer fueron encontrados tres hombres, entre los cuales se encontraba el hijo de la supuesta dueña del prostíbulo, mientras que en el boliche se encontraban presentes la encargada y dos de las víctimas.

Además, se logró el secuestro del denominado "libro de pases", libretas sanitarias y talonarios que estaban dentro de un recipiente con anotaciones de nombres de pila femeninos.

Nombres de peso

A su vez, en la misma causa hubo dos funcionarios públicos investigados: María Elena García y Luis Javier Bassa, ex intendenta y ex secretario de Gobierno de General Acha, respectivamente. Al cabo de la investigación, ambos fueron sobreseídos.

Esta decisión fue apelada por el fiscal federal de instrucción que tenía en ese momento la causa, Juan Baric. Sin embargo, en febrero de 2015, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la medida, hasta que en agosto de 2016 se declaró extinguida la acción penal por prescripción con respecto a García y a Bassa, que habían sido acusados del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

No fue la primera vez que en la provincia de La Pampa un intendente apareció mencionado en un expediente judicial por hechos de similares características vinculados a la trata de personas.

En junio pasado, el actual jefe comunal de Lonquimay, Luis Rogers, fue condenado a cinco años de cárcel. En 2013, el por entonces edil de Colonia 25 de Mayo, David Bravo, recibió una pena de siete meses de prisión en suspenso.

Finalmente, el intendente de Macachín, Jorge Luis Cabak, y un ex comisario local serán sometidos a juicio oral como acusados de brindar protección a una banda dedicada a la trata de personas en un prostíbulo de esa ciudad.

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