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Córdoba: el Estado se queda con el 68,5% de la renta agrícola

En términos absolutos, el impacto de los impuestos es mayor para los productores bonaerenses que para los cordobeses o puntanos.

Martes 03 de octubre de 2017 • 12:01
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PARA LA NACION
Córdoba: el Estado se queda con el 68,5% de la renta agrícola
Córdoba: el Estado se queda con el 68,5% de la renta agrícola. Foto: Archivo

CORDOBA. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), además de medir la participación del Estado nacional en la renta agrícola -en agosto marcó 71,1%, seis puntos más que hace un año- calcula el valor para las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San Luis. La hectárea que más tributa es la bonaerense mientras que la puntana tiene rindes menores y una renta por hectárea más baja que los otros dos distritos.

El indicador -que resulta de restarle al valor de la producción, los costos de producir, comercializar y transportar la producción- es de 65,7% para Buenos Aires; 68,5% para Córdoba y 68% para San Luis. En términos absolutos, el impacto de los impuestos es mayor para los productores bonaerenses que para el resto.

El trabajo señala que los impuestos provinciales presentan divergencias. En el caso de Buenos Aires, significan unos $476 por hectárea, cifra a la que deben sumarse las tasas que cobran los partidos, que en la mayoría de los casos son viales y que, en promedio, representan $95 por hectárea.

Así, entre tasas e impuestos provinciales, una hectárea promedio en Buenos Aires debe tributar $555, lo que equivale al 3,3% del valor de la producción y al 6,2% de la renta.

En el caso de Córdoba, los valores representan 1,7% del valor de la producción y 3,4% de la renta, y no existen las cargas municipales.

El informe señala que, si en lugar de tomar el valor bruto de la producción, se considera el ingreso neto de gastos de transporte de los productores, los impuestos inmobiliarios rurales de Córdoba y Buenos Aires quedan más parejos. Esto es así por la diferencia en los costos de transporte entre una provincia y otra.

En el caso de San Luis -que tiene un impuesto inmobiliario rural sustancialmente más bajo que las otras dos jurisdicciones- cuenta con una especie de "derecho de exportación interno". Cobra una tasa que incluye "guías de campaña" y "certificados de venta".

Los certificados se pagan tanto para la venta dentro de la provincia como la producción que se dirige afuera. La guía se abona para la producción que se transporta fuera de San Luis. Estas tasas se suman a un pago a cuenta de Ingresos Brutos, y se concentran en el llamado Do.Pro (Documento Provincial).

Por ejemplo, una tonelada de soja paga $7,08 en concepto de guía, más $10,63 de certificado, más $14,20 de pago a cuenta de IIBB; así el Do.Pro por tonelada es de $31,91.

En cuanto a la "renta de la tierra", que es un arrendamiento promedio menos impuestos, las tres provincias tienen un nivel similar.

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