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Llegó la hora del vértigo y el riesgo se calcula al milímetro

Jueves 05 de octubre de 2017

BARCELONA.- La coalición secesionista que gobierna Cataluña llegó todo lo lejos que podía llegar sin causar destrozos graves e irreparables. Ahora viene la hora del vértigo.

La temeridad política, una extraordinaria capacidad de movilización social y la ineficacia del gobierno español para gestionar la crisis colocaron a Carles Puigdemont delante de un botón nuclear: declarar la independencia significa apretarlo y asumir las consecuencias.

El rey Felipe VI trazó una línea en el discurso institucional de anteayer. La réplica será terminante contra quien viole la Constitución de un modo tan flagrante.

El mensaje causó temblores en el bloque que impulsa la revuelta. La apelación al diálogo que expuso anoche Puigdemont es un reflejo de lo que provoca a algunos de sus socios -acaso a él mismo- la visión del abismo. Detrás de las palabras ásperas contra rey se filtraba un llamado de auxilio. Pero ya no quedan mediadores autorizados a intervenir si no abandona la aventura de proclamar una república contra la voluntad de una mitad de su propio pueblo.

Lo que tienen enfrente es un Estado dispuesto a intervenir.

El Estado es muchas cosas. Es la ley. El presidente Mariano Rajoy, avalado por la corona, tiene a mano las herramientas de la Constitución que le permiten asumir funciones de la Generalitat para encauzar la situación.

Los separatistas oponen como arma el dominio de la calle. Un millón, quizá dos, de ciudadanos lanzados a resistir. La huelga general de anteayer en Cataluña se planeó como una advertencia a Rajoy: tendrás que venir a reprimir a toda esta gente si suspendes el autogobierno catalán. Ya se vio el efecto que tuvo el domingo la desafortunada represión policial en el desalojo de centros electorales del referéndum. La agresión revistió de una pátina moral inesperada al frente secesionista y golpeó la imagen exterior del gobierno español.

Rajoy trabaja de esconder su vértigo. El Estado tiene el monopolio de la fuerza. En el mensaje del rey se leía entre líneas que no se dudaría en usarla otra vez. Hasta la hipótesis de una intervención militar, hace poco descabellada, está sobre la mesa. No hay ningún ejército al otro lado del río Ebro.

¿Quién se asusta primero ante la imaginación de semejante estropicio?

Al hilo del mensaje del rey, Puigdemont y sus socios pudieron notificarse de que el Estado además son los jueces. Ayer, la Audiencia Nacional imputó por sedición al jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a los dos máximos activistas del independentismo, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Es un delito castigado con penas de entre 8 y 15 años de prisión. Al jefe policial lo acusan por su presunta pasividad durante una protesta en la que fueron asediados guardias civiles que allanaban oficinas de la Generalitat. A "los Jordis", por haber incitado a los manifestantes.

Un aviso. Aquella acción es una travesura comparada con las querellas que podrían caerle a la cúpula nacionalista si declarara la independencia. El delito de rebelión encajaría: se paga con entre 15 y 25 años de cárcel.

Acaso Puigdemont sueñe con su momento Mandela. Pero ¿cuántos más están dispuestos a sacrificar su libertad y su patrimonio en esta deriva? Mandela peleó por conseguir que los negros de Sudáfrica, una mayoría pisoteada por un régimen inhumano, controlaran el poder. El nacionalismo catalán ya controla casi todo en su tierra, aun sin sumar una mayoría clara. Sus líderes no malviven oprimidos en una choza de Soweto. Da más pereza ser héroe cuando lo que te arriesgas a perder es el auto con chofer y la masía en la Costa Brava.

Con el Estado va Europa. Rajoy trabaja para abroquelar a sus socios. Lo que los separatistas ganaron en el frente externo a partir de los porrazos policiales lo pueden dilapidar si fracturan un Estado de la Unión. La supervivencia se complicaría en lo sucesivo.

Puigdemont prometió la declaración de independencia en 48 horas si ganaba el referéndum. Ahora el plazo se pateó al lunes. Hasta entonces insistirá en negociar, aunque Rajoy ya le avisó que con él no.

Expertos en plasticidad política, los separatistas estudian si hay manera de declarar una independencia sin hacerlo del todo. Anunciar un proceso con varias fases hasta la ruptura. Contentar a su parroquia sin desatar una reacción fulminante de Madrid.

Nadie acierta a explicar cómo sería entretanto esa suerte de república provisional. Los radicales de la CUP presionan por dejarse de postergaciones e ir "a por todas".

Cualquier formato precisará de ambiente insurreccional. Llenar las calles. Testear los nervios de Rajoy. Forzar otro error. Necesitan sentarlo a la mesa, por obra de algún actor externo. Ya sea que lo motive un perjuicio económico o una fatalidad.

La otra opción es rendirse, y hoy no la tienen en carpeta.

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