Controlar la corrupción sin condicionamientos

Es de esperar que el PE revea el inapropiado decreto de necesidad y urgencia con el que modificó funciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública

Jueves 05 de octubre de 2017

Recientemente, hemos celebrado la entrada en vigor de la ley de acceso a la información pública, un mecanismo fundamental para que la ciudadanía conozca las decisiones que adoptan los gobiernos, se involucre en la discusión de los temas públicos y ejerza un debido y necesario control sobre los poderes del Estado.

Esa norma, que había sido largamente demorada en nuestro país, vio finalmente la luz hace un año y sólo la semana pasada estuvo en condiciones de comenzar a regir.

Sin embargo, un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Macri dos días antes de esa entrada en vigor no ha hecho más que generar dudas, especialmente entre quienes trabajan de manera esforzada y seria en la defensa del ejercicio de los derechos en nuestro país, tal el caso de prestigiosas entidades como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Poder Ciudadano, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras.

La ADC emitió un comunicado en el que alerta sobre los inconvenientes constitucionales que podría acarrear el decreto presidencial que modificó la ley en cuanto a las funciones de la Agencia de Acceso a la Información. Según lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, esa agencia no sólo será el órgano de control de la norma, sino que también deberá enfocarse en la protección de los datos personales asentados en registros, archivos y bancos de datos, entre otros medios.

Dos cuestiones son objetadas al respecto por esas entidades: en primer lugar, la inconveniencia de haber recurrido a un decreto de necesidad y urgencia para modificar el espíritu de una ley, y en segundo término, haber usado ese instrumento para sumar a la agencia la función de control en materia de protección de datos personales. "Cualquier intento de unificación [de los controles de la información pública y de la protección de datos personales] debe traducirse en una estructura operativa que refleje la igualdad jerárquica entre ambos derechos, evitando la implementación de una estructura orgánica sesgada hacia uno y otro de ellos", advirtió Torcuato Sozio, director ejecutivo de la ADC.

Esa modificación de la ley puede conllevar, además, consecuencias significativas en la manera en que el derecho a la privacidad de las personas será protegido por el Estado, especialmente porque la agencia no fue creada con ese doble propósito.

Es en el punto de la forma en que se ha modificado la ley en el cual crecen las alertas de las entidades citadas y de numerosas voces del ámbito del derecho constitucional. Coinciden en que una ley sólo puede ser reformada por los legisladores. No le atañe al Poder Ejecutivo cambiarla, sino reglamentarla o, en todo caso, vetarla. Y esta reglamentación ha ido más allá, pues está modificando el espíritu original de lo sancionado. Debe ser el Congreso y no otro poder el que debata y autorice, llegado el caso, cualquier modificación. Es más: el Congreso se encuentra ahora en condiciones de no avalar el DNU presidencial. No han quedado demostradas ni la necesidad ni la urgencia para semejante cambio.

Pero hay un detalle más: el DNU presidencial -sostiene la ADC- también afecta la autonomía funcional de la agencia, ya que dispone que su estructura sea aprobada por el jefe de Gabinete, siendo que la ley de acceso a la información pública establece que sea la propia agencia, mediante su director, la que se dé su estructura, sin estar supeditada a aprobación alguna. Tal como quedó dispuesto por el decreto, se contraría el objetivo primordial de que ese cuerpo de contralor sea un órgano independiente de posibles injerencias del Poder Ejecutivo.

Las entidades también observaron que no se ha asignado presupuesto a la agencia. No figura ni en el del año actual ni en el de 2018, lo cual abre dudas sobre la discrecionalidad que podría adoptar el Poder Ejecutivo para el funcionamiento de esa agencia, en detrimento de su autarquía y autonomía funcional, consagradas por la ley. Esta norma refiere al derecho de todos los ciudadanos de reclamar en forma gratuita información a los poderes públicos, a empresas estatales y a concesionarios de servicios públicos. E impone plazos para responder al pedido y para realizar los reclamos ante una eventual falta de respuesta.

Se trata de una ley invalorable, muy esperada en nuestro país y que ahora se ve ensombrecida por estas disposiciones. Es de esperar que el Poder Ejecutivo revea sus pasos y asegure a todos los ciudadanos que no habrá ni restricciones ni manipulaciones en el ejercicio de un derecho tan importante como innegable.

En esta nota:
Ver comentarios
Ir a la nota original