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Rajoy baraja medidas jamás usadas para controlar Cataluña si declara su independencia

El presidente podría aplicar el artículo 155 de la Constitución, que le permite al gobierno español controlar la actividad de comunidades autónomas

Jueves 05 de octubre de 2017 • 12:14
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LA NACION
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MADRID.- No hay enumeración exacta. Pero el gobierno de Mariano Rajoy dio señales de la gravedad y carácter extremo de las medidas que tiene sobre la mesa para tomar el control en caso de que la Generalitat catalana avance en la declaración de la independencia .

Desde la misma Moncloa, la sede del gobierno, se dejan trascender pistas del rigor de esas posibles medidas. Se sabe allí que la sola mención causa impacto en la sociedad catalana, que ve mucho más de cerca las consecuencias del vértigo de estos días.

Mariano Rajoy, cada vez más firme contra la independencia de Cataluña
Mariano Rajoy, cada vez más firme contra la independencia de Cataluña. Foto: AFP

En forma paralela al "rigor de la ley y de la Constitución" que promete para los promotores del independentismo, su partido apeló a una arriesgada movilización popular en Barcelona.

"Que vengan de todos lados para dejarnos el corazón por España", dijo el líder del Partido Popular (PP) en Cataluña, Xavier García Albiol. La convocatoria es para el domingo, un día antes del elegido por la Generalitat para anunciar la independencia.

Es un giro político. El mismo partido que censuró la movilización popular permanente a la que apela la Generalitat la reconoce ahora como "un ejercicio democrático para defender la dignidad y la democracia".

Pero lo que cuenta para garantizar "el rigor de la ley" son los recursos institucionales concretos para, llegado el caso, tomar el control de la autonomía catalana.

La herramienta más probable es la que contempla el artículo 155 de la Constitución. No es una intervención, pero se le aproxima: se trata de recuperar las instituciones de gobierno y de ejercicio del poder en rebeldía.

La norma tiene el déficit de no haber sido desarrollada nunca. En los 40 años de democracia no fue utilizada jamás y no hay ley que la regule.

Nadie sabe muy bien cómo aplicarla. Pero la coincidencia descarta una intervención de tipo militar o la declaración de estado de sitio. Sí, en cambio, requiere el control de las fuerzas de seguridad y, a través de ellas, del territorio.

Como medida de anticipación, el gobierno movilizó efectivos militares para trasladar logística y equipos de apoyo para abastecimiento de esas fuerzas de seguridad.

En los tiempos que corren, es difícil no haber previsto el efecto emocional de una medida como esa.

"No se trata de un movimiento de tropas", tuvo que aclarar el Ministerio de Defensa, ante las múltiples consultas que disparó el avance de una formación de camiones militares en el paisaje de Sant Boi de Llobregat, una comarca a sólo media hora de Barcelona.

Pero el artículo 151 no es de aplicación inmediata. Requiere, por lo menos, varios días, y requiere -también- la aprobación del Senado. Con mayoría propia, el PP tiene allí pase asegurado, pero prefiere contar con el acompañamiento del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Hasta ahora reticente, el cálculo del gobierno es que, en la medida en que pasen las horas y tome más forma el anuncio rupturista, el socialismo terminará sumándose sin reticencias.

Si bien prepara movimientos, hasta ahora el gobierno de Rajoy se mantiene en modo reactivo. Mueve ficha en la medida en que lo haga la Generalitat de Carles Puigdemont.

De hecho, para aplicar cualquiera de las medidas de fondo que tiene en la mesa esperará, primero, que se concrete la ruptura independentista. No hará nada antes.

Por debajo del rigor, sin embargo, avanzó en contactos para rebajar de algún modo la altísima tensión. Rajoy no acepta "el diálogo con quienes están fuera de la ley".

Pero, si envió un mensaje al dejar trascender su encuentro a puertas cerradas con los arzobispos de Madrid y de Barcelona. Una forma de mostrar que está dispuesto a explorar vías -¿mensajeros, testigos, mediadores?- sin pasar el límite, ahora refrendado por el rey Felipe, de que no hay diálogo con "los que violan" la Constitución y el interés general.

Rajoy se mantiene en segunda línea. Sabe que su nombre y su figura no son balsámicos justamente entre aquellos a los que se pretende serenar, que son los sectores moderados en el proyecto catalán.

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