Cataluña: el diálogo, única salida

Viernes 06 de octubre de 2017

El domingo pasado, Cataluña organizó un muy cuestionado referéndum calificado presuntamente como "de autodeterminación". En virtud de él, algo más de dos millones de catalanes el 42% del padrón electoral- lo hicieron en favor de una declaración unilateral de independencia. Como consecuencia de ello, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado que el lunes próximo proclamará esa independencia en la forma de una nueva república. Eso es lo que desaprensivamente algunos llaman "desconectarse de España".

Para España, que ve que su integridad está claramente amenazada, el referéndum en cuestión ha sido ilegal. En primer lugar, porque fue efectivamente suspendido por la Corte Constitucional. Y en segundo término, porque viola abiertamente el artículo 2 de la Constitución española de 1978, que proclama expresamente la "unidad indisoluble de la nación española".

Para la comunidad internacional, el principio de la autodeterminación de los pueblos no sería necesariamente de aplicación al caso catalán, desde que no se trata de un proceso de descolonización, como fue el de Zimbabwe, ni de un caso de opresión, como en su momento ocurrió en Kosovo.

El gobierno español ha anunciado, como correspondía, que hará todo lo que permite la ley si los catalanes irresponsablemente se proclaman independientes. Incluyendo lo que permite la Constitución, esto es, recurrir a la facultad de asumir la dirección de la comunidad autónoma catalana. Esto es, intervenirla y encarcelar por sedición a los dirigentes catalanes que impulsan la peligrosa aventura independentista. Es un mecanismo que jamás fue empleado y que presumiblemente desataría protestas nacionalistas.

El rey de España se pronunció en favor de la integridad nacional y condenó la "conducta irresponsable" de las autoridades catalanas, a las que consideró "al margen de la ley y de la democracia".

Cataluña es obviamente parte de España. Al amenazar con declarar su independencia, podría empantanarse de inmediato en una muy difícil situación económica. En efecto, pese a que genera la quinta parte del PBI español y la quinta parte de las exportaciones del país, tiene sobre sus hombros una deuda pública del 35,4% de su PBI, lo que ya no le permite un acceso directo a los mercados de crédito. Si se declarara independiente, el pasivo externo adicional que debería asumir en ese caso llevaría su endeudamiento a más del 100% de su PBI. A eso se sumarían las dificultades propias de dejar de pertenecer a la Unión Europea, que ciertamente no ve con buenos ojos el independentismo catalán.

La salida de la situación actual pasa ciertamente por el diálogo, para así poder analizar serenamente las múltiples alternativas, incluyendo las del autonomismo y las del federalismo, que existen para poder superar la crisis sin caer nuevamente en la violencia fratricida que no hace mucho asoló España. Si las tozudas autoridades catalanas cierran esa puerta, serán responsables de todo cuanto pueda suceder. Frente a su propio pueblo y frente a la historia.

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