Las prácticas del buen vivir

Viernes 06 de octubre de 2017

El territorio que ancestralmente ocupa una comunidad aborigen es la garantía de su desarrollo. El derecho a la tierra y al territorio empieza con la seguridad jurídica que le otorga la regularización de los títulos de su tierra. Sin embargo, es mucho más amplio: incluye la participación en la toma de decisiones y en la gestión de ese territorio.

En la tierra y el territorio está la pervivencia cultural, espiritual y comunitaria de los pueblos preexistentes. Allí está la garantía del buen vivir a través de las actividades productivas agrícola-ganaderas o de la medicina natural. Es en el territorio donde la identidad se vincula con las prácticas cotidianas.

Los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos consagrados de una larga lucha por el reconocimiento que hombres y mujeres aborígenes llevaron a las Naciones Unidas en 1919 con la multicolor bandera de la causa indígena: su reivindicación cultural, política, social y jurídica.

La responsabilidad del Estado argentino en relación con las tierras comunitarias cuenta con un amplio marco jurídico. En 1985, la ley 23.302, sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Con la ley 24.071, de 1992, se aprobó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de manera tal que "deben reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales de los pueblos".

El reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos quedó plasmado en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución nacional de 1994. En 2006 se declaró por primera vez la emergencia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias. La ley 26.160 -prorrogada por más de 11 años- estableció, además, un fondo especial de asistencia. Con el espíritu de reconocer que el Estado tiene la deuda de regularizar la situación en todo el país, la norma suspendió los desalojos y ordenó el Relevamiento Técnico de Comunidades Indígenas (Reteci): territorios, hectáreas y familias.

Otras normas conforman también el conjunto de instrumentos jurídicos vigentes. Las leyes sobre educación intercultural bilingüe, de protección ambiental de los bosques nativos o de reparación histórica de la agricultura familiar, entre otras, incluyen la temática, así como el Código Civil reglamenta los inmuebles por su naturaleza. La Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria o el Consejo de Participación Indígena son organismos diseñados para la promoción y protección de derechos.

En materia internacional, las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio sobre la Diversidad Biológica -ratificados por el Congreso- o la numerosa jurisprudencia del Sistema Interamericano son la manifestación de una comunidad internacional que vincula prácticas con territorio y que registra la responsabilidad de los Estados en reconocer la propiedad comunitaria de la tierra.

En la década del 90 muchos países latinoamericanos reformaron sus constituciones para reconocer a los pueblos aborígenes como instituciones jurídicas de derecho colectivo. La Argentina admitió la posesión y la propiedad e incluso fue más allá, al señalar "tierras que ocupan y otras aptas y suficientes" frente al despojo territorial sufrido.

En Jujuy, la lucha de los pueblos originarios es constante. El Estado provincial avanza palmariamente en sus garantías dando cuenta de 350 comunidades con personería jurídica; un programa de títulos comunitarios -que desde 1996 ha entregado 56 títulos de tierra- y el trabajo junto con el INAI en más de un millón trescientas mil hectáreas de tierras fiscales.

Cada vez que se pide el reconocimiento público del territorio, se formula la historia y se describe su forma de vida, se visibiliza un pueblo. Cada vez que una familia aborigen firma su opción comunitaria de la tierra (no un título individual) se garantiza un derecho ancestral. Así, la lucha toma sentido.

Integrante de la comunidad Miraflores de la Candelaria, de Abru Pampa; secretaria de Pueblos Indígenas de Jujuy

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